La encomiable Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), creada debido a la inacción del Viceministerio de Transporte (VMT), de la Defensoría del Pueblo y, en menor medida, de la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario, frente a los vejámenes que sufren los usuarios de ómnibus, hizo un análisis preliminar del extenso anteproyecto de ley del Poder Ejecutivo “que regula y moderniza el sistema nacional de transporte y el servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”. Sin negar en absoluto la necesidad de la reforma y de la regulación pretendidas, el drama cotidiano del transporte de pasajeros responde menos a la insuficiencia o a los defectos de las normativas vigentes que al hecho de su inobservancia impune, según se desprende de que, por ejemplo, hasta hoy ningún “empresario” del sector ha sido tan siquiera indagado por el Ministerio Público a causa de las periódicas “reguladas” chantajistas, castigadas por la Ley 6789/21 con hasta cinco años de cárcel.

Mayor interés en una atinada regulación lo tendrán quienes siguen creyendo en la necesidad de respetar y hacer respetar la ley en pro de una convivencia armónica, para lo cual es preciso que las autoridades correspondientes actúen como debe ser. En tal sentido, la Opama deplora que la iniciativa en estudio no garantiza la gratuidad para los minusválidos ni el medio pasaje para los ancianos y los estudiantes, pero a la vez acentúa la burocratización al crear cuatro instrumentos de planificación, “sin perjuicio de otros”, y crea un Comité Estratégico de Movilidad Sostenible, a ser liderado por el Ministerio del área y diseñado por un decreto reglamentario para “planificar y ejecutar mejoras en el servicio de transporte”, algo que ya se debería estar haciendo hoy mismo, sin tanta rimbombancia. En nuestro país, el burocratismo no sirve precisamente para aumentar la eficacia de una entidad pública, sino más bien para dotar de cargos a la clientela política y estimular coimas para acelerar trámites.

Hace bien la Opama en llamar la atención sobre que el anteproyecto dice que las autoridades “deberán hacer sus mejores esfuerzos para implementar las citadas innovaciones tecnológicas” en el transporte, pues los funcionarios están siempre obligados a cumplir con su deber, sin que baste la buena intención. El anteproyecto prevé un “Foro de participación ciudadana”, cuyas conclusiones no serán obligatorias, para analizar la “movilidad”, verificar el avance de las autoridades con respecto a las metas fijadas en la futura ley y conocer los planes así como su grado de avance. Nada se dice acerca de la composición del “foro”, cuyas normas operativas serán fijadas por el ministerio competente, de modo que por de pronto no cabe alentar esperanzas acerca de su utilidad real, aparte de la de dar la impresión de apertura hacia la sociedad a través de una pantalla.

Es entendible que la Opama lamente además que, a diferencia de los empresarios y de los trabajadores del transporte, los usuarios no vayan a estar representados en el Consejo de la Dirección Nacional de Transporte, aunque, eso sí, tendrán entre otros derechos el de, en teoría, “recibir el servicio de manera continua y regular” e incluso el de “ser informados, con suficiente anticipación, sobre cualquier medida que pudiera afectar la programación ordinaria del servicio, tales como huelgas, paros y eventos extraordinarios”. Esto es que, ya no deberían temer “reguladas” sorpresivas, en las que son utilizados como un elemento de chantaje. Es decir, al menos podrán quedarse en sus casas, y no ser sorprendidos en las paradas, si los prestadores del servicio cometen la infracción grave, según el anteproyecto, de interrumpir total o parcialmente el servicio, lo que conllevaría una multa o la conclusión anticipada del contrato por la autoridad.

Ya se verá el destino final que tendrá el documento en cuestión. Por de pronto, nunca sobra insistir en que el problema de fondo en el transporte público, así como en la generalidad de los servicios, consiste en que las normativas no se cumplen ni se hacen cumplir: son de hecho letra muerta, a diferencia de la “ley del ñembotavy (hacerse el desentendido), obedecida a rajatabla por quienes no tienen el coraje de defender la legalidad ante los embates de los prepotentes, entre quienes descuellan los “empresarios” del transporte, bien vinculados con la “clase política”, a la que suelen servir en tiempos electorales, siempre esperando algo a cambio. La regulación jurídica resulta estéril cuando falta la consabida “voluntad política” de hacer las cosas como se debe, entre otros motivos porque se puede confiar en la impunidad cuando, de hecho, las leyes no pasan de ser simples sugerencias. Entre el país legal y el real hay todo un mundo en el que prosperan los sinvergüenzas, también a costa de los desamparados pasajeros.