Si bien la democracia representativa en una República significa que el pueblo elige a quienes deben representar sus intereses dentro del respeto a la Constitución y las leyes, en Paraguay pareciera que este concepto, universalmente reconocido y aceptado, tiene una interpretación diferente. Los legisladores nacionales se han caracterizado en los últimos tiempos por presentar proyectos que en nada benefician al verdadero “soberano” sino únicamente a ellos mismos.
Un claro ejemplo reciente es el proyecto de reglamentación del artículo 189 de la Constitución Nacional, presentado por el presidente del Congreso, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), que busca reglamentar la senaduría vitalicia y permitir que los expresidentes que hayan finalizado sus mandatos tengan la posibilidad de renunciar a ese título honorífico y candidatarse al Parlamento.
El artículo constitucional, al referirse a las senadurías vitalicias, expresa que “los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quorum. Tendrán voz, pero no voto” (las negritas son nuestras).
El proyecto, atacado de inconstitucional por expertos en la materia, busca que expresidentes, como Horacio Cartes, líder de la bancada a la cual pertenece el proyectista, vuelvan a ocupar una banca en el Congreso, con voz y voto, aunque a juzgar por las expresiones del senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, cartista), quien aceptó sin rubor ni vergüenza que el movimiento Honor Colorado recibió el mandato imperativo de expulsar a la entonces senadora Kattya González (PEN) del Congreso, pareciera que su líder nunca dejó de tener voz… y voto.
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No obstante, de concretarse esta afrenta a la Constitución Nacional, significaría el “acabose” de un Estado de derecho, puesto que no se puede modificar la Constitución Nacional a través de una ley, sino únicamente por medio de una enmienda constitucional o una reforma. Estos son los mecanismos establecidos en la Ley Suprema, consagrados en 1992 por visionarios constitucionalistas en salvaguarda de posibles buitres voraces con ínfulas dictatoriales que pudieran surgir en el futuro y pretendan hacer tambalear la democracia.
El artículo que se busca modificar es claro y taxativo al expresar, con un verbo imperativo que los expresidentes electos democráticamente “serán” senadores vitalicios, dejando de lado cualquier otro tipo de interpretación que no sea la literal. Por lo tanto, el proyecto de ley presentado por Bachi Núñez no solo es inconstitucional, sino un peligro latente para futuras decisiones que puedan adoptarse por simple voto de mayorías, sin importarles las consecuencias.
Esta manera tan frecuente que tienen los legisladores de desafiar las reglas básicas de convivencia social dentro de un Estado de derecho, de sabotear la representación popular que ejercen y de olvidarse del rol constitucional que desempeñan en la “silla prestada” que ocupan, solo puede comprenderse a la luz de expresiones como las que recitaba convencido el diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) a su colega Raúl Benítez (PEN) durante la última sesión de este año: “Cuando ganen las elecciones ustedes van a poder hacer lo que quieren”.
Tal vez ese es el pensamiento de la mayoría parlamentaria, la cual parece confundir sus roles y cree que el mandato delegado del pueblo paraguayo es un “cheque en blanco” para obrar a su gusto y paladar.
Pero si nos remitimos a las expresiones del senador Ovelar que en su momento afirmaba no estar de acuerdo con la expulsión de Kattya González pero que sin embargo tuvo que votar en ese sentido… ¿será que verdaderamente “hacen lo que quieren” como cree Esgaib?
Al parecer, obedecen una sola voz, la que claro está, ¡¡¡que no es la voz del pueblo!!!