Como cierre de año, la Corte Suprema de Justicia, en la persona de su presidente, el Dr. César Diesel, presentó su informe de gestión correspondiente al último periodo. En su alocución, Diesel expuso los principales ejes que, según él, guiaron el actuar y funcionamiento del Poder Judicial, resumiéndolos en la modernización tecnológica, los controles internos y supuestamente la adopción de medidas para garantizar reglas claras y “transparencia en el servicio de justicia”.
Este discurso, que en realidad es un documento público que contiene un informe de gestión de un poder del Estado, afirma que la transparencia en la gestión es el faro que guía su actuar, convirtiendo al Poder Judicial en una institución modernizada, con sistema de control y trazabilidad y por sobre todo: ¡¡¡transparente!!!
Durante su intervención, Diesel subrayó que la administración judicial “no puede responder a improvisaciones ni a coyunturas políticas”, sino que debe sostenerse en procedimientos formales, control permanente y continuidad institucional. Este punto resalta una justicia “independiente” del poder político, “imparcial” en sus decisiones, guiada únicamente por la Constitución y las leyes y al margen de cualquier coyuntura que pretenda imponer mandatos.
El presidente de la máxima instancia judicial remarcó que la conducción del Poder Judicial “va más allá de la administración de recursos, ya que supone tomar decisiones responsables, preservar la autonomía funcional y garantizar derechos”. Es decir, reconoció la importancia del Poder Judicial para el acceso igualitario a una justicia justa y por sobre todo, independiente y eficaz.
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Este informe de gestión, contrastado con la realidad, pareciera ser el guion de una fábula de Esopo. El presidente del más alto tribunal de justicia se llenaba la boca hablando de transparencia, independencia de la coyuntura política y autonomía funcional, mientras que con sus colegas aún sigue dando manotazos de ahogado en medio del lodo de la decepción ciudadana tras saltar a la palestra una reunión clandestina en Mburuvicha Róga junto, aparentemente, con el presidente del partido oficialista y líder del movimiento de gobierno, Horacio Cartes.
Se ufanó de la “modernización del Poder Judicial”, de la digitalización de los expedientes en diversos fueros, de los sistemas de control interno y trazabilidad en la gestión de los magistrados, sin embargo, les resulta frecuente “declarar inoficiosas” varias acciones de inconstitucionalidad luego de ser cajoneadas por la propia Corte Suprema de Justicia, en algunos casos, durante décadas.
Ni hablar de casos emblemáticos sin resolver, como la acción de inconstitucionalidad planteada por la exsenadora Kattya González luego de su arbitraria destitución mediante votos de senadores cartistas y aliados. Dicha acción está a punto de cumplir dos años en el escritorio de los ministros de la Corte que orondamente dicen ser muy eficientes en su gestión de despacho.
En el tramo final de su discurso, el ministro Diesel aseguró que “la continuidad institucional no implica rigidez, sino una evolución sostenida que respete los principios de una administración de justicia independiente, eficiente y transparente, siempre apegada a la Constitución”.
Estos tres conceptos, tan grandes e importantes para garantizar el verdadero acceso a la justicia que evoca el artículo 47 de la Constitución Nacional, contrastados, por ejemplo, con los escándalos de corrupción que envuelven al caso conocido como “la mafia de los pagarés”, resuenan como palabras vacías o pertenecientes a una realidad paralela que solo ellos pueden creer.
Jueces enjuiciados y destituidos por pertenecer aparentemente a una rosca mafiosa que lucraba con el sacrificio, el dolor y la desesperación de la gente trabajadora no representan en nada el ideal de justicia accesible, eficaz, transparente, independiente y proba que el presidente de la Corte Suprema pretende dibujar. Tampoco la conducta omisiva y poco clara que tuvieron al intentar aclarar el motivo de una reunión extraoficial donde al parecer estuvo presente el líder de un movimiento político y presidente del partido de gobierno. ¿De qué transparencia habló el ministro Diesel?
Esta manera tan particular que tienen las cabezas de los tres poderes del Estado de aparentar una realidad diferente se volvió habitual. Con la misma caradurez con la que el presidente de la Corte habla de transparencia, el Presidente de la República exalta la libertad de expresión, mientras señala con el dedo a periodistas, promulga leyes “garrote”, critica la labor de los reporteros diciendo que existe una “enorme barrera” entre el cronista y el periodista de estudio.
Estas y otras tantas reacciones hostiles contra el trabajo de la prensa en estos más de dos años de mandato, solo demostraron que entre el discurso del jefe de Estado a favor de la libertad de expresión y su actuar con trabajadores de la prensa y los medios críticos, existe una enorme inconsecuencia.
No se queda atrás el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), quien en varias entrevistas se llenó la boca hablando de “democracia”, sin embargo, protagonizó a lo largo de su “presidencia perpetua” escándalos de nepotismo, nombramiento de “bachi”lleres y proyectos de leyes contrarios al respeto de la Constitución Nacional, como el de la reglamentación de la “senaduría vitalicia”, buscando eludir, por medio de votos de sus pares, el procedimiento de la “enmienda constitucional” que la Carta Magna prevé para el tipo de proyecto que plantea Núñez.
Estos ejemplos demuestran que el discurso dado por el ministro César Diesel en su informe de gestión, es un poco más de lo que recibe día a día el pueblo paraguayo: palabras vacías, alejadas de la realidad, de espaldas al rol constitucional que deben desempeñar, y en el caso de la Corte Suprema, exaltando transparencia e independencia, cuando aparentemente vive doblegada al poder de turno, cajoneando casos emblemáticos y manteniendo reuniones clandestinas.