Tras verse forzado a renunciar al cargo de intendente de Asunción, debido al demoledor informe final de agosto de 2025, en el que el interventor de la Municipalidad, Carlos Pereira, censuró “terribles prácticas ilegales”, el impresentable Óscar “Nenecho” Rodríguez anunció que aspira ahora a seguir haciendo de las suyas como concejal, cargo que ya ocupó entre 2015 y 2020. Desde septiembre de 2025, está acusado, junto con 21 exsubordinados, por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, pues un equipo fiscal constató “groseras sobrefacturaciones en la compra de detergentes, saturómetros, toallitas desinfectantes, entre otros rubros” comprados por la Municipalidad desde marzo de 2020, es decir, en plena pandemia. El daño patrimonial causado por toda una “estructura delictiva” llegaría a unos 1.850 millones de guaraníes. Algunos de los acusados admitieron su responsabilidad y accedieron a devolver las sumas que se les reclaman.
Se trata de solo una de las ocho causas penales abiertas en torno a la desastrosa gestión del exintendente, entre las que sobresale la investigación en curso acerca del desvío de 512.000 millones de guaraníes recaudados mediante bonos para la ejecución de obras. El 93% de dicha suma se habría destinado al pago de gastos corrientes, según el documento final del interventor, quien también denunció la falsificación de planos y la alteración de sistemas informáticos. Según dijo Nenecho, tiene el apoyo de seccionales coloradas capitalinas y de “varios sectores” en su pretensión de “reivindicarse”. También varios ediles que se confabularon con él en perjuicio de los vecinos de Asunción, aprobando ejecuciones presupuestarias ilícitas, pretenden seguir representándolos, probablemente de la peor manera.
El próximo 7 de junio se realizarán los comicios internos simultáneos para nominar a los candidatos que competirán en las elecciones municipales del 4 de octubre. Dada la morosidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, ni siquiera la apertura del juicio oral por el caso de los “detergentes de oro” se realizaría antes de un año, tiempo que aún requeriría el Ministerio Público, por su parte, solo para imputar en el caso del supuesto colosal desvío de fondos previstos para obras de desagüe pluvial. Esto significa que Nenecho bien podría postularse para volver a la Junta Municipal y eventualmente lograr su propósito, ya que, según la ley, solo una condena penal firme de prisión podría impedir su candidatura. Lo mismo cabe decir, desde luego, de los ediles que consintieron sus evidentes desmanes. Salvo mejor parecer del electorado, las prolongadas demoras en la investigación fiscal y en las actuaciones judiciales permitirán que quienes habrían causado o permitido severos daños patrimoniales a la Municipalidad vuelvan a su palacete o continúen allí para seguir saqueando a los asuncenos.
Es obvio que la lentitud a la hora de hacer justicia, suponiendo que tal sea el propósito, incide negativamente en la lucha contra la corruptela en la función pública, ya que otorga a los sinvergüenzas bastante tiempo tanto para borrar huellas como para volver a ocupar un cargo electivo en el mismo organismo defraudado, gracias además a los fondos presuntamente allí sustraídos. De hecho, así como van las cosas, ni el exintendente ni los suyos se sienten amenazados por lo que hasta hoy han hecho el Ministerio Público y el Poder Judicial.
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Si los organismos competentes en el combate contra la corrupción no actúan con la celeridad debida, solo resta confiar en que los electores capitalinos rechacen el intento de repetir una historia signada por una repugnante podredumbre administrativa. Sería lamentable que vuelvan a votar por sus verdugos.