Algún sector del sindicalismo docente estatal anunció que el 23 de febrero no se iniciarán las clases, debido a una huelga nacional de duración indefinida contra el proyecto de reforma de la Caja Fiscal; otro grupo cree que aún hay tiempo para llegar a un consenso antes de que el Senado vuelva a ocuparse del tema el 25 de marzo. Como sea, el 10 de febrero, día en que debió arrancar la temporada de preclase, varias escuelas públicas ya estuvieron cerradas o con escaso personal, debido a la movilización de los docentes contra el proyecto de ley en debate.
Bien se sabe que la huelga –un derecho– es la suspensión temporal, colectiva y concertada del trabajo, para forzar al empleador a satisfacer ciertas reivindicaciones profesionales. En el caso del eventual paro docente, se pretende obtener del “empleador”, que sería el Estado, ciertas concesiones, tomando como “rehenes” a los alumnos, cuyo derecho a aprender está garantizado por la Constitución. Es que los afectados por la eventual medida de fuerza no serán el jefe de Estado, el ministro de Educación y Ciencias ni los legisladores, sino los niños y jóvenes que, desde ya, sufren los efectos de un pésimo sistema educativo, en gran medida atribuible a la escasa formación de los docentes. La espada de Damocles, que implica la amenaza de huelga, pende de hecho sobre la cabeza de los alumnos: las verdaderas víctimas serían quienes también sufren las consecuencias del pobre equipamiento de los centros públicos de enseñanza.
Es comprensible que los docentes piensen en su futuro, pero no así que hoy quieran recurrir a algo muy parecido al chantaje para imponer sus exigencias; la abnegación de la que suelen hacer gala nada tiene que ver con la prepotencia de sus dirigentes sindicales. Empero, es plausible que sus organizaciones gremiales a nivel nacional hayan aceptado integrar una “mesa técnica”, convocada por el Senado, que se reunirá el 18 de febrero para ocuparse, con toda justicia, sobre todo, de la edad mínima y de los años de aporte requeridos para acceder a la jubilación. Se espera que las deliberaciones lleguen a buen término, sin que para ello haya que satisfacer pretensiones exageradas, como lo hace temer el hecho de dialogar por temor a la huelga anunciada, esto es, con una pistola apuntando a la cabeza.
Esta suerte de matonismo sindical, al que le conviene comparar la privilegiada jubilación parlamentaria con la de los educadores, no debe salirse con la suya, en perjuicio de los contribuyentes: también la jubilación de los que enseñan debe ser autosustentable, para no privar de fondos a servicios públicos, como lo haría el aporte estatal, previsto en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados. Cualquiera sea el fruto de la “mesa técnica”, seguirá en pie que resulta odioso utilizar a los alumnos como “rehenes” para forzar una decisión legislativa. La catadura moral de quienes se valen de tal recurso es incompatible con el ejercicio de la docencia. Resulta indiscutible que los educadores tienen derecho a una jubilación digna, tras haber hecho aportes durante su vida profesional, pero es del todo repudiable que para lograrla o mantenerla amenacen con vulnerar el derecho a aprender.
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El ejemplo que brindan a la sociedad no está a la altura de su alta misión, como tampoco lo está la ineptitud de muchos de ellos, constatada en los periódicos exámenes de evaluación del Ministerio de Educación y Ciencias. Una vez más: hacen muy mal en transmitir el mensaje, a través de sus dirigentes, de que para que sus demandas sean atendidas, están dispuestos a dejar sin clases a los alumnos, un daño colateral inaceptable.