El presidente de la República, Santiago Peña, ha llegado a la mitad de su mandato, al parecer sin tomar nota de los reclamos y de la urgente necesidad de efectuar cambios en la gestión gubernativa. Aunque le cueste creerlo, el país no “está mejor” que antes, en áreas tan relevantes como la seguridad interna, el sistema sanitario, la educación pública y la infraestructura vial, pero los responsables de esas áreas continúan, pese a voces que objetan sus gestiones. Sin dudas, el simple cambio de hombres no en todas las ocasiones arroja los resultados deseados, pero es evidente que a veces se impone la necesidad de refrescar el plantel cuando los cuestionamientos abundan.
Observando algunos sectores específicos, el auge del crimen –organizado o no– resulta evidente, aunque el comandante de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, comisario general Carlos Benítez, sostenga que la “percepción” de la gente no responde a los datos objetivos. Pero ya no se trata solo de las fechorías de motoasaltantes, sino también de la proliferación de asesinatos por encargo y de atracos con el uso de armas largas. Desde 2023, las fuerzas del orden han incorporado a diez mil agentes, con lo que el número total se elevó a unos 33.000. Empero, los refuerzos no han contribuido a una mayor protección de la vida, la libertad y los bienes de las personas, probablemente dadas la pobre formación de los novatos y la corrupción reinante en las filas policiales. El principal responsable del área, el ministro del Interior, Enrique Riera, en los últimos tiempos anda casi desaparecido.
La sanidad es todo un desastre, atribuible a la notoria ineptitud de las máximas autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Instituto de Previsión Social, doctores María Teresa Barán y Jorge Brítez, respectivamente, sin perjuicio de que sus respectivos desempeños también puedan estar manchados por la corrupción: al calvario de los enfermos y sus familiares, debido a la carencia de medicamentos, de insumos y de personal médico, se suman las “muertes evitables” causadas por la falta de equipos en funcionamiento.
En materia de Educación, que está a cargo del Ministerio presidido por Luis Ramírez, el actual año lectivo se ha iniciado nuevamente en instalaciones en deplorable estado, a lo que se suma la escasa formación docente. Estos problemas no podrán subsanarse a corto plazo, razón de más para que se intente hacer algo al respecto.
La cartera de Obras Públicas y Comunicaciones, que preside la ministra Claudia Centurión, que adeuda unos 360 millones de dólares a las firmas contratistas y tiene una “pésima gestión” de pagos, según el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, poco o nada se ocupa de mantener las rutas en buen estado y de poner en orden el cobro de peajes, entre los aspectos más significativos.
Ya en junio del año pasado, Santiago Peña dijo a sus ministros cuanto sigue: “Ustedes tienen la capacidad y si así sienten que ya no están en condiciones, siempre está la posibilidad de dar un paso al costado para ceder la posta a otra persona”. Está visto que todos creen estar en condiciones, como es obvio, pero ello no impide que el jefe del Poder Ejecutivo, si fuera de otra opinión, ejerza su facultad de destituir a uno o a más miembros del Gabinete. Entonces, o el jefe del Poder Ejecutivo está conforme con la gestión de los integrantes, o desde algún ignoto lugar no le permiten realizar cambios.
Hace una semana, en una reunión del Consejo de Ministros, volvió a insistir en el punto, al pedirles “más compromiso” y “resultados”, en tanto que Pedro Alliana –vicepresidente de la República y precandidato presidencial– fue más lejos al decir que si él fuera jefe de Estado, la mitad del Gabinete quedaría fuera. Habrá que ver si su tácita crítica a Santiago Peña tiene alguna consecuencia. Como ningún jefe de cartera se dio por aludido, ni en 2025 ni ahora, y viendo los resultados de sus gestiones y las críticas de políticos del propio oficialismo gobernante, es como para pensar que convendría que a más de uno se le den “las gracias por los servicios (no) prestados”, al igual que a los jerarcas de los lastres estatales Petróleos Paraguayos, Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA y Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA, entre otros, que reciben numerosos cuestionamientos. Sus respectivos fracasos deben tener consecuencias, al igual que las desoídas exhortaciones presidenciales citadas.
Santiago Peña se muestra insatisfecho en el Consejo de Ministros, pero de cara a la ciudadanía da la impresión de que, a su juicio, el Paraguay está cada vez “mejor”. Es probable que sea más sincero a puertas cerradas y que sus intervenciones “políticas” oculten su verdadera percepción de la marcha del país. Si así fuera, debería tomar medidas de acuerdo a ella, sustituyendo a quien no esté a la altura del cargo que ejerce y modificando políticas públicas que se hayan revelado erróneas. También tendría que combatir la presunta espantosa corrupción que infecta los organismos dependientes del Poder Ejecutivo y, por amor a la patria, privilegiar la idoneidad sobre el carnet partidario, retractándose de lo que dijo como candidato presidencial, de que el carnet partidario es más importante que los títulos.
El jefe de Estado aún está a tiempo de hacer las correcciones aconsejadas por dos años y medio de experiencias gubernativas, muchas veces decepcionantes. La necesidad de efectuar esos cambios debe prevalecer sobre los intereses de los sinvergüenzas de la función pública que puedan existir y de sus socios del sector privado. Y no por último: hará bien en demostrar con sus actuaciones que no existe ningún “poder detrás del trono”, sino que el presidente de la República lo es él también de hecho.