En la última década, el subsidio al transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción tuvo un aumento de 1.846%, pasando de 20.707 millones de guaraníes en 2015 a 402.980 millones el año pasado. Esa prestación es financiada por los contribuyentes directos e indirectos de todo el país, no solamente por los de Asunción, es decir, también por quienes, en su inmensa mayoría, no se ven forzados a desplazarse en buses maltrechos ni a soportar “reguladas” periódicas. Gracias al dinero público, quienes deben soportar esas molestias pagan una tarifa de 2.300 guaraníes y una de 3.400, en los buses convencionales y con aire acondicionado, respectivamente. Según datos oficiales, si la subvención no existiera, el costo del pasaje llegaría hoy a 4.704 guaraníes en el primer caso y a 6.041 en el segundo, pero este problema de los asuncenos no debería trasladarse sobre los hombros de quienes en muchos casos ni siquiera tienen transporte público en sus localidades.
Por eso, más allá del pésimo servicio prestado por las 36 empresas subsidiadas, es cuestión de preguntarse si es justo que reciban fondos provenientes no solo de los habitantes de la Gran Asunción, sino también de los del resto del Paraguay; si lo fuera y de acuerdo al principio de igualdad, el Estado también tendría que subvencionar el transporte público de pasajeros en Ciudad del Este y Encarnación, por ejemplo, lugares donde la tarifa resulta más elevada que en la capital. Sin que rija una ley que se ocupe explícitamente del subsidio, los montos invertidos en 2025 habrían sido útiles para atender muchas de las urgentes necesidades sanitarias y educativas que existen por doquier, pero se los empleó para que los pasajeros de la capital y sus alrededores no paguen una tarifa más cara.
El privilegio, por así llamarlo, del que los usuarios capitalinos gozan, pesa cada vez más sobre el fisco. Desde luego, son maltratados por los transportistas, pero al menos cuentan con una Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), que se esfuerza por defenderlos de los reiterados abusos. En cambio, los contribuyentes del interior del país no tienen una agrupación que los defienda de la arbitrariedad que supone que el Estado meta la mano en sus bolsillos para que en la Gran Asunción no aumente el precio del pasaje. Tampoco son protegidos por los legisladores de tierra adentro, que parecen ignorar la grave cuestión, como si no les concerniera. Por oneroso y sobre todo injusto, es necesario acabar con el subsidio, aparte de exigir a los voraces “empresarios” que abandonen la perversa práctica de las “reguladas” y que el Viceministerio de Transporte haga que cumplan las especificaciones técnicas de la concesión.
Más allá de las reiteradas y comprensibles quejas en torno a este servicio público tan mal prestado en la Gran Asunción, habría que discutir acerca de la justeza del subsidio que, por lo demás, es una fuente de continuas rencillas entre el Gobierno y los “empresarios”, en lo que atañe al monto y al momento del pago. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2021 eran 207.000 los usuarios del transporte público en Asunción y diecinueve municipios del área metropolitana. Es inadmisible que la regulación tarifaria suponga que el costo del servicio sea establecido a expensas de la generalidad.
Es de lamentar que este tema no forme parte de las soluciones previstas en el plan de reforma del transporte público. La tarifa no debería depender de la subvención, es decir, de los aportes indirectos, en muchos casos, de campesinos que no suelen visitar la capital, entre otros. En esta cuestión no hay “justicia social”, ni mucho menos. Más allá del monto que corresponda en cada caso, el subsidio en sí debe dejar de ser un tema tabú, pues eliminarlo supondría liberar fondos para brindar otros servicios, atendiendo el interés general del país. Su eliminación será de justicia.