El precandidato a intendente de Santa Elena, Saúl López (ANR, abdista), reveló que varios trabajadores fueron desligados sin explicación alguna del Programa “Hambre Cero”, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social y las Gobernaciones, con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar. Según el denunciante, el motivo habría sido que los excluidos no son adherentes del cartismo. Arbitrariedades similares, relacionadas con las elecciones internas previas a las municipales del próximo 4 de octubre, salieron a la luz en al menos otras siete localidades de la región Oriental, siendo de temer que los casos silenciados sean mucho más numerosos.
Al testimonio de los afectados se agrega que el presidente de la Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar, Víctor Mendoza, no tuvo reparos en admitir que sus miembros reciben presiones políticas a la hora de contratar personal. Ellas habrían aumentado de cara a los comicios venideros: “provienen de todos los sectores, de todos los movimientos, de todos los partidos casi”, dijo. Por su parte, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto (ANR, cartista), en cuyo departamento también hubo denuncias similares, brindó a la ciudadanía una “información importante”, según la cual la Gobernación no contrata ni desvincula al personal del programa, pues solo ejecuta el Presupuesto: ella respeta la ley, la transparencia y la protección de los trabajadores, así como lamenta “la confusión generada”, expresó. En realidad, aquí no hay ninguna confusión: todo resulta bastante claro y nada sorprendente, dada la penosa experiencia.
Más allá del palabrerío y de las obviedades del comunicado referido, todo indica que las perversas influencias existen y que las firmas contratistas se someten a ellas mansamente, quizá porque más de una crea que debe sentirse agradecida por haber ganado la licitación: “Te doy para que me des”, se diría desde el sector público, con el asentimiento de alguno del privado que no tenga la conciencia limpia. Es elogiable que el presidente de la mencionada Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar haya tenido el valor de poner los puntos sobre las íes; bien se sabe que en este país, aparte del dinero, también los intereses políticos suelen prevalecer sobre la ley formal. En este caso, la intervención estatal, por así llamarla, no se estaría dando sobre todo en provecho de la ANR, sino más bien de su facción oficialista, con lo que el sectarismo se acentúa aún más.
Las groseras presiones políticas sobre la empresa privada son incompatibles con la libre economía de mercado. Una aberración semejante solo es propia de un régimen totalitario y, por ende, incompatible con el art. 88 de la ley suprema, que prohíbe discriminar entre los trabajadores por “preferencias políticas”, entre otras cosas. En verdad, es de miserables quebrantar desde el poder el derecho al trabajo de quien no simpatice con un partido político o hasta con un sector del mismo.
Por lo demás, resulta inquietante que las coacciones provengan “de todos los partidos casi”, porque si así fuera, la cultura política de este país y en especial la de su clase dirigente dejaría muchísimo que desear. El bien común exige empeñarse en erradicar la infame convicción de que el Estado es un botín del que pueda apropiarse el ganador de unas elecciones, para ponerlo también al servicio del chantaje puro y duro, que le permita mantenerse en el poder para malversar fondos, entre otras fechorías. En última instancia, lo que está en juego no es “una manera de hacer política”, sino una concepción del poder público que lo convierte en un instrumento al servicio de intereses particulares o sectoriales. Se “manda” para eso y no precisamente para atender el interés general, aunque ello suponga presionar a una firma privada para que despida a sus empleados, violando el Código del Trabajo.
Para los mandones de turno, la seguridad jurídica importa mucho menos que favorecer una pretensión política a como dé lugar, confiando en la desmemoria de los ciudadanos. Por eso, es bueno recordar las arbitrariedades, una y otra vez, aunque sean reiteradas, para que alguna vez el respeto a la legalidad se imponga a la prepotencia que implican las coerciones políticas. Así como fue de miserables lucrar con el dolor ajeno mediante negociados, como ocurrió en época de la pandemia, también lo es hacerlo con la alimentación de los alumnos. Es de rigor pedir castigo para los responsables de tan indignante proceder.