La Cámara de Senadores aprobó un pálido proyecto de “reforma” del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, o Caja Fiscal, con lo cual su déficit galopante continuará pesando cada vez más sobre las espaldas de la población. Resta la aprobación de la Cámara de Diputados, pero se da por hecho que se mantendrán los cambios al mínimo, si es que no los relajan todavía más. Gran parte de la culpa recae sobre Santiago Peña, por su irresolución y por no animarse a encarar esta difícil reforma cuando debió hacerlo, al inicio de su mandato. A la vez, queda de nuevo demostrado que, con pocas excepciones, los legisladores solo se representan a sí mismos y a pequeños grupos de interés, no al pueblo.
El tema de la Caja Fiscal es más simple de lo que quieren hacerlo aparecer. Le ponen muchos nombres, muchas excusas, cínicamente hablan de “sensibilidad social”, pero la realidad es que el 90% de los trabajadores del país, la enorme mayoría de los cuales no tiene acceso a ningún sistema previsional, les financian las jubilaciones de privilegio al 10% restante, conformado por los que están en el sector público y perciben ingresos del Estado.
La iniciativa original del Poder Ejecutivo proyectaba una reducción del 60% del déficit de manera paulatina. Tampoco se trataba de una reforma demasiado radical, ya que lo lógico y justo habría sido equiparar todos los regímenes jubilatorios a los del sector privado, pero ni eso prosperó.
Se ponía el énfasis en la edad de retiro, factor identificado como el mayor causante del desfase financiero. Actualmente, los miembros del magisterio, los docentes universitarios, los militares y policías, que son los segmentos más numerosos y más deficitarios, se pueden retirar con jubilación ordinaria a cualquier edad; los magistrados judiciales pueden hacerlo a los 55 años, lo mismo que el personal de blanco. Los funcionarios de la administración central se retiran a los 62 años y, por el momento (no por mucho tiempo más), componen la única categoría superavitaria.
El Ejecutivo planteó mantener los 62 años para la administración central y unificar la edad de retiro a los 57 años para el resto. El proyecto aprobado por el Senado vuelve a hacer diversas distinciones: 53 años para maestros y magistrados, 55 para militares y policías. Prácticamente, es más de lo mismo, apenas por encima de las edades medias de retiro que rigen, de hecho, en el presente.
No hay muchas variaciones en cuanto a los tiempos de aportes, que varían entre 20 y 25 años, aunque sí en el porcentaje de descuento. El Ejecutivo propuso elevar del 16 al 19% el aporte del funcionario, con un 3% de aporte estatal. El proyecto aprobado por el Senado mantiene el 16% para la administración central, sube a 19% el de los sectores deficitarios e incrementa drásticamente el aporte estatal al 10%. En teoría, el déficit se reduce en un 40% a largo plazo, pero, en la práctica, el consumo de recursos públicos es significativamente mayor.
Analistas privados lamentaron que se haya perdido una oportunidad para hacer algo más estructural, con las consecuencias que ello implica para las finanzas públicas, para el grado de inversión obtenido por el país y, eventualmente, para la carga tributaria sobre los contribuyentes. El exministro de Hacienda César Barreto calificó el proyecto aprobado como “una gota en el mar”.
Pero, pese a que es lamentable que así sea, desde un principio se sabía que esta reforma, aunque necesaria y perentoria, era muy improbable. Una de las razones era que se presentó de manera demasiado tardía, en puertas de un período electoral, cuando el Gobierno ya no goza de la popularidad que tenía al principio, ya no cuenta con el apoyo político requerido, ni siquiera dentro de su propia corriente partidaria, y ya se ven señales de disidencias y fracturas en el oficialismo.
Una prueba de ello es que fue el propio vicepresidente Pedro Alliana quien negoció con gremios condiciones distintas a las del proyecto del Ejecutivo, poco menos que desautorizando al Presidente de la República. Otra es la reacción de diputados cartistas, incluyendo al propio titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre. Hablaron de sentirse estafados y engañados por el Gobierno, aunque apuntaron su artillería contra el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y no contra Santiago Peña (responsable del proyecto), a quien, con sinceridad o no, trataron de mantener al margen.
Otra razón que hacía improbable una reforma profunda era que los congresistas difícilmente estarían dispuestos a renunciar a su propia jubilación vip, lo cual constituye un conflicto moral insalvable. Hicieron algunos amagos para introducir modificaciones de dudosa factibilidad en la Caja Parlamentaria, pero todo quedó en la nada.
Finalmente, como se temía, los parlamentarios votaron en contra del 90% de la población para mantener los privilegios del 10% y de ellos mismos. Esa es la única verdad.