El Instituto de Previsión Social (IPS) es toda una máquina para el saqueo, a tenor del contundente informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el ejercicio fiscal 2024. Supone una calamidad para los asegurados porque resultaría una rica fuente de ingresos irregulares, ante la indiferencia del Poder Ejecutivo, tan notoria como la del Consejo de Administración, presidido por Jorge Brítez. A este órgano le tienen sin cuidado las gravísimas carencias en cuanto a medicamentos, insumos, equipos y personal, pero no así el bienestar de los altos funcionarios, a los que otorga abultados sobresueldos, a costa de los beneficios previstos para compensar los riesgos corridos por los de bajo rango.
La directora de Control Gubernamental de la CGR, Gladys Fernández, dijo ayer que el pago de bonificaciones por responsabilidad en gestión administrativa está limitado a quienes manejan la “caja diaria”; empero, se recurrió a él para aumentar los ingresos de la alta dirección, llegándose a gastar indebidamente más de 1.466 millones de guaraníes. Por si todo esto fuera poco, el IPS “invirtió” más de 3.741 millones de guaraníes en bonificaciones por el grado académico: cada una de ellas supuso 1.900.000 guaraníes, es decir, 400.000 más que el tope fijado. La directora señaló también que en solo tres meses de 2024 se abonaron a casi trece mil funcionarios más de 13.890 millones de guaraníes como “ayuda alimentaria”. Según la ley presupuestaria, el subsidio familiar por alimentación es un pago único. En suma, el órgano contralor detectó bonificaciones ilegales por valor de casi 5.000 millones de guaraníes.
No menos irritante es la escandalosa negligencia: se constató que 624 médicos, enfermeros y técnicos atendieron a pacientes, pese a que sus respectivos registros profesionales habían vencido: cobraron en total 34.706 millones de guaraníes; como bien afirma la citada directora, se trata del hecho “más grave desde el punto de vista humano”. Los hallazgos referidos devienen aún más indignantes si se considera que a la entidad previsional le faltan 154 medicamentos, en su gran mayoría “urgentes”. Para abandonar el “stock cero”, ha empezado a ejecutar un plan de licitaciones públicas de emergencia. En septiembre de 2025, su deuda global ascendía a nada menos que 991 millones de dólares, debido a la presunta corrupción y al despilfarro desenfrenados: allí la “caridad empieza por casa”, con sobresueldos ilícitos y contrataciones fraudulentas, desapercibidos por sus máximas autoridades, por así decirlo.
Parece claro que si se malversara menos y en cambio se priorizara la salud de los asegurados, el IPS tendría suficientes fármacos y no estaría tan endeudado. Nada bueno se puede esperar mientras permanezcan en sus cargos el presidente y los miembros del actual Consejo de Administración que dispusieron o aprobaron tantas anomalías. Tras el referido informe de la CGR, que data de julio de 2025, corresponde que el Ministerio Público actúe de oficio de una vez por todas, habiendo indicios de la comisión de hechos punibles. Aplicando la ley, hay que hacer respetar tanto el derecho a la vida como el buen uso del dinero público; es intolerable que en el IPS no haya fondos para saldar deudas ni para adquirir remedios, pero sí para mantener satisfecha a la clientela política allí instalada.
“Se hace lo que se puede”, dijo en febrero el insostenible Jorge Brítez; es evidente, se puede muy poco a la hora de atender a los asegurados, pero mucho cuando la cuestión es repartir favores ilícitos a expensas de ellos. Sin duda, este es el peor Consejo de Administración de los últimos 36 años. Si el IPS es “un barco hundido”, como llegó a decir su exgerente de Salud Carlos Morínigo, habrá que reflotarlo, limpiándolo de arriba abajo. Para ello, es necesario que el presidente de la República, Santiago Peña, tenga en cuenta en primerísimo lugar el interés de los asegurados, a los que se añade el de los acreedores: se está abusando no solo de la paciencia de unos y otros, sino también de la tolerancia de la ciudadanía en general.
Es inadmisible que una entidad pública sea un antro en el que, entre otras corruptelas o despilfarros, se hacen generosos pagos indebidos con los aportes de quienes carecen de una adecuada atención, porque no hay fondos para comprar los medicamentos, insumos o equipos necesarios para su tratamiento. Las víctimas deben seguir exigiendo, una y otra vez, que se ponga fin a tanta desvergüenza con ribetes delictivos: es hora de poner fin al despojo.