La pretensión del Gobierno de “regular” las reservas de las empresas con fines tributarios no es una simple medida de control para evitar una elusión, mucho menos una evasión fiscal, como lo quieren presentar. Desde el momento en que se tiene que promulgar una ley, se trata de un nuevo impuesto no previsto en la legislación vigente. En dos años y medio no han hecho lo que tenían que hacer, pese a contar con condiciones inmejorables para ello, y ahora, desesperados porque no pueden alcanzar las metas, quieren tapar su inoperancia buscando maneras de exprimir más a la ciudadanía.
Si de algo no se puede quejar este Gobierno es del aporte de los contribuyentes. Las recaudaciones crecieron un récord del 20% en su primer año de gestión y 9% en el segundo, más que en cualquier lapso de la última década. Ello ha estado impulsado por el vigoroso ciclo de crecimiento económico pospandemia, gracias a la actividad del sector privado, y por una mejoría institucional de la que permanentemente se jactan las autoridades. En definitiva, es más dinero extraído de los bolsillos de la ciudadanía y puesto a disposición de la actual administración.
En contrapartida, el Gobierno no ha controlado el gasto público, todo lo contrario, lo ha expandido, lo mismo que el endeudamiento, no ha hecho reformas profundas, las que ha encarado han quedado a medias, y no ha cumplido el compromiso de reducir el déficit fiscal.
Nominalmente, el déficit cerró en 2% del PIB en 2025, un poco por encima de la meta del ejercicio (1,9%) y, supuestamente, tiene que volver en 2026 al tope del 1,5% de la ley de responsabilidad fiscal, conforme al nuevo cronograma de convergencia que este mismo Gobierno solicitó y obtuvo apenas asumió el poder. Sin embargo, estos datos son irreales, porque no toman en consideración la alta deuda vencida por gastos realizados y no pagados. Solamente a los contratistas de obras y a los proveedores farmacéuticos se les deben 1.000 millones de dólares, un monto equivalente a todo el déficit oficialmente admitido.
Con las cifras maquilladas, en un ámbito de crecimiento económico, aumento de los ingresos ordinarios, pagos puntuales de los compromisos externos (no así de los internos), un panorama macroeconómico mejor en comparación con los vecinos de la región, especialmente en el área monetaria y de precios, y, por sobre todas las cosas, justamente la promoción de un régimen tributario razonable, simple y transparente, el Gobierno ha conseguido indudables éxitos en materia de imagen. El punto culminante de ello fue la obtención del grado de inversión por parte de dos de las tres grandes calificadoras de riesgo, lo que constituye un fuerte espaldarazo y un importante voto de confianza de la comunidad internacional de negocios.
Sin embargo, ese modelo se agotó rápidamente y en 2026 se presenta un escenario muy distinto y sumamente complicado. El incremento de las recaudaciones no solamente se ha interrumpido, sino que se ha revertido, con variación anualizada negativa en el primer trimestre y un comportamiento muy inferior al que se estimó (irresponsablemente) en el Presupuesto General de la Nación. Ello ha llevado al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, a declarar una “economía de guerra” en la administración pública.
Argumentó que “al país le va bien, pero al fisco no”, lo cual es falaz. Al fisco le ha ido extraordinariamente bien. Lo que ocurre es que, a pesar de contar con más recursos, el Gobierno gasta más de lo que puede. Se acordó tarde de la necesidad de ajustar el cinturón.
Es en este contexto en el que, primero Fernández Valdovinos y luego el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, revelaron que se está preparando un proyecto de ley para gravar las reservas de las empresas. Estas están constituidas por utilidades no distribuidas ni capitalizadas. Hasta tanto se utilicen, las mismas están exentas, lo cual funciona en la práctica como un incentivo para el ahorro y posterior reinversión de las rentas de las compañías.
“Está bien un año o dos, pero más de tres años ya es un artilugio para no pagar impuestos”, dijo Fernández. “Es un abuso”, dijo Orué.
Fernández y Orué pueden pensar lo que quieran; la cuestión es que los tributos únicamente se pueden crear por ley y este, en particular, no está contemplado. Si van a cambiar la normativa para introducirlo, en los hechos están creando un nuevo impuesto, por mucho que intenten negarlo o disfrazarlo, lo cual pisotea descaradamente la reiterada promesa que ha hecho Santiago Peña a la sociedad y a los inversionistas nacionales y extranjeros.