La pobreza y la pobreza extrema en el Paraguay se han reducido sensiblemente en 2025, según lo confirman los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. Más allá de cualquier otra consideración, es una buena noticia, plenamente consistente con el ciclo de crecimiento económico pospandemia que atraviesa el país. El factor excluyente ha sido el incremento de ingresos por la vía del empleo. Eso está muy bien, pero llama la atención la poca o nula, y hasta a veces inversa, incidencia de los planes sociales del Gobierno, pese a la enormidad de recursos públicos que se destina a ello.
El INE acaba de divulgar el documento “Principales resultados de pobreza monetaria y distribución de ingresos 2025”, en el cual se consigna que la pobreza general bajó del 20,1% oficial en 2024 (19,6% con la cifra ajustada) al 16% en 2025, y la pobreza extrema del 4,1% al 2,4% en el mismo período.
La “pobreza monetaria” se mide por el promedio de ingreso en dinero de cada persona en la familia, reportado en la Encuesta de Hogares. Para 2025, se estimó que una persona es pobre cuando no alcanza un ingreso medio mensual de 933.108 guaraníes, que es lo que se considera necesario para que un individuo adquiera su alícuota de una canasta básica de consumo. Asimismo, una persona se encuentra en pobreza extrema cuando su ingreso medio mensual no llega a 378.816 guaraníes, necesarios para una canasta básica de alimentos.
Cabe señalar que el año pasado se realizó un ajuste bajo recomendaciones del Grupo de Expertos de Canberra, para asignarle un valor al almuerzo escolar, de modo que se incorpora en la estimación de ingresos un monto correspondiente a 35 platos principales distribuidos en el marco del programa Hambre Cero y otros afines.
A pesar de ello, es muy llamativo lo poco y nada que pesan los planes sociales en la reducción de la pobreza, cuando debería ser lo contrario, a juzgar por las altas asignaciones presupuestarias y toda la burocracia y la cantidad de funcionarios que se dedican a distribuir subsidios estatales a través de programas tales como el propio Hambre Cero, Tekoporã o Adultos Mayores.
Un desagregado realizado por la consultora MF Economía e Inversiones a partir de los datos oficiales indica que, entre 2024 y 2025, en el quintil más pobre, los ingresos laborales crecieron 25%, lo cual es muchísimo, especialmente considerando que el ajuste de salario mínimo fue solo del 4%. Eso refleja una pujante actividad económica privada, especialmente en el sector informal, que es el que predomina en la economía paraguaya. También se incrementaron en el quintil más pobre las ayudas familiares, tanto desde el país como desde el exterior.
En contrapartida, fue casi nulo, o negativo, el aporte de los programas sociales. Los ingresos por Tekoporã se mantuvieron invariables en el quintil más pobre. Hubo un incremento del 8% en ingresos por pensiones a adultos mayores, como resultado de la extensión de la nómina y el aumento del salario mínimo, que es la base de cálculo de las pensiones, y una sensible caída del 45% en los ingresos por almuerzos proveídos por el Estado.
Esto último también se evidencia en las cifras generales, ya que el porcentaje de la población pobre es el mismo tanto si se considera o no el ingreso por almuerzo escolar (15,9 y 16%, respectivamente), lo que indica que el impacto es prácticamente irrelevante, e incluso se registra una leve incidencia negativa en el porcentaje de pobreza extrema.
Esta situación da la pauta de que existen ineficiencia, excesivos gastos administrativos, posibles desvíos y mala focalización en la aplicación de recursos públicos en el área social, algo que se ha denunciado en reiteradas ocasiones. Por citar un ejemplo, hay 360.000 beneficiarios del programa de adultos mayores, pero en 2024 había solo 78.000 personas de más de 65 años por debajo de la línea de la pobreza, lo que sugiere que se le están otorgando pensiones a casi 300.000 adultos mayores que no son pobres.
Seguramente el Gobierno se va a jactar de la reducción de la pobreza en 2025, aun cuando, claramente, no es gracias a su gestión. Antes que ello, tiene que explicar a la ciudadanía a dónde van a parar los 1.000 millones de dólares que supuestamente se destinan a políticas directas de protección social, sin resultados aparentes.