Otro escándalo en el Instituto de Previsión Social. Salió a luz que, a días de la Navidad de 2025, el Consejo de Administración, presidido por Jorge Brítez, aprobó un acuerdo extrajudicial con una insólita quita del 90% en beneficio de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en un caso que estaba a punto de resolverse en la Corte Suprema de Justicia. El hecho constituye la gota que colma el vaso y desnuda sin atenuantes el estado de completa indefensión en que se encuentran los aportantes y asegurados.
Los antecedentes se remontan a una sentencia laboral de 2018, que determinó que la Conmebol no transfirió los aportes de dos trabajadores durante 26 años. El monto bruto adeudado, al margen de otras responsabilidades legales, era de 397 millones de guaraníes, a valores del período 1986-2013. Era obvio que había que actualizarlo por inflación y agregarle intereses moratorios y punitorios, más intereses no cobrados en perjuicio del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. La cifra se cuantificó en 7.105 millones de guaraníes.
Sin embargo, la Conmebol, ya entonces presidida por Alejandro Domínguez (desde enero de 2016), en vez de cumplir con las leyes del país y las normas del IPS, y por un monto que le resultaba prácticamente insignificante en comparación con el volumen de sus operaciones, se embarcó en una agresiva batalla judicial para desconocer los ajustes y solamente pagar el irrisorio valor nominal. En la justicia estaba por perder. En arreglos poco claros e inexplicables se salió con la suya.
Cabe mencionar que Domínguez tiene toda una historia personal de disputas de este tipo con el IPS. En el año 2013, su empresa familiar Gráfica y Editorial Intersudamericana SA, que él presidía, propietaria del Grupo Nación de Comunicaciones (luego adquirido por el Grupo Cartes), figuró entre las mayores deudoras morosas del instituto. Colegas del diario La Nación de esa época denunciaron que se les descontaba religiosamente sus aportes, pero eran rechazados en los servicios médicos de la previsional porque la empresa se los quedaba y no los transfería.
El 18 de diciembre de 2025, cuando el expediente se encontraba en el despacho del ministro de la Corte Víctor Ríos para un tercer voto, sorpresivamente el Consejo de Administración del IPS aprobó la Resolución CA Nº 094-006/2025, en virtud de la cual, de un plumazo, decidió perdonar el cobro de la “rentabilidad económica no ingresada”, por la friolera de 6.708 millones de guaraníes, alrededor de un millón de dólares al cambio actual, nada menos que el 90% de la cifra reclamada. Resta saber si se regularon honorarios, quiénes los percibieron y entre quiénes se los repartieron.
La resolución está firmada por los seis miembros del Consejo de Administración: Jorge Brítez, Gustavo González, Carlos Pereira (renunció este año), José Argaña, Víctor Insfrán y José Jara, estos tres últimos supuestos “representantes” de los empleadores, los trabajadores y los jubilados, respectivamente.
El dictamen respectivo se basó en otra muy sospechosa resolución de 2024 del mismo Consejo, con la que se concedió el “perdón” a más empresas morosas o evasoras, la cual pisoteó una anterior, la CA Nº 036-014, del 5 de junio de 2018, todavía durante el gobierno de Horacio Cartes, establecida justamente por la necesidad de precautelar los intereses por lucro cesante del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Paradójicamente, entre los firmantes de esta última aparecen Jorge Brítez y José Jara, que también integraban el Consejo en aquella época y quienes luego, en 2024, ya durante este gobierno, adoptaron una postura diametralmente opuesta.
Coincidentemente, “los gastos judiciales” del IPS en los dos años y medio que lleva esta administración crecieron 61% frente a la suma de todo lo destinado para ese fin durante los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez juntos. La mayor parte se vincula con el “rubro 915”, con el que se liquidaron acuerdos similares al de la Conmebol, pese a advertencias expresas del Ministerio de Economía. Esto solo se supo por investigaciones periodísticas a raíz del meteórico ascenso patrimonial del exdirector jurídico José González Maldonado.
“José’i”, como se lo conoce, tuvo que renunciar, pero Santiago Peña respaldó al titular y a todo el Consejo, que también es muy cuestionado por haber realizado llamativas “flexibilizaciones” en las normas de colocación de fondos y favorecer a un grupo que estuvo comercialmente vinculado con el presidente de la República.
La situación en el IPS se ha vuelto intolerable, todos los miembros del Consejo deben ser destituidos. Si Santiago Peña esta vez no toma determinaciones drásticas, tal como lo reclamó la Feprinco en su último y duro comunicado, entonces a la ciudadanía no le queda más que concluir que él mismo es cooperador de la continuidad de un consejo de la previsional de reprobable gestión, movido por intereses particulares.