Suele decirse que en el Paraguay existen delitos pero no hay delincuentes. La frase posiblemente pueda aplicarse a lo que viene ocurriendo desde hace tantos años en el Instituto de Previsión Social (IPS). Son varios los artículos del Código Penal que se ocupan de los graves ilícitos que se estarían cometiendo en la previsional desde hace décadas. Sin embargo, no se tienen noticias de que algún pez gordo –y ni siquiera uno no tan gordo– haya sido condenado por hechos que podrían incluirse bajo el concepto de corrupción. En esa institución se roba y se deja robar, aparte de ser moneda corriente la “mala praxis”, que en casos extremos podría implicar un homicidio culposo. La impunidad es la regla y la sanción una rareza. El IPS tiene un pomposo Consejo de Administración, integrado por los representantes de los más importantes sectores que atañen a la marcha de la institución, pero parece que los presidentes y los consejeros han sido ciegos, sordos y mudos ante las ilicitudes que ocurren allí, que han exprimido sus arcas dejándole poco menos que inane para el cumplimiento de su cometido.
Y como señalamos, no hay noticias de que algún presidente o miembro del Consejo de Administración haya sufrido condenas firmes por hechos punibles perpetrados en el ejercicio del cargo. Por el contrario, da la sensación de que la diosa Astrea está más que predispuesta a blanquear a los popes, tal es así que la Corte Suprema de Justicia revocó la multa impuesta en su momento al expresidente Darío Filártiga por un supuesto negociado con albúminas, así como las penas de prisión para el expresidente Mario Luján Melgarejo, cuatro exconsejeros y un exsíndico, por haber otorgado un préstamo sin garantías a un banco. La prisión impuesta a los expresidentes Bonifacio Amarilla y Domingo Redondo, así como a dos exconsejeros y a una exjefa de informática debido a la compra de equipos informáticos inútiles, fue anulada; el nuevo juicio no pudo iniciarse porque la causa había prescripto. Igual suerte corrió la abierta a los expresidentes Elio Brizuela y Alberto Echeverría, al igual que a seis exconsejeros y a un exsíndico, que habrían colocado fondos del IPS en bancos que luego quebraron. Los graves perjuicios para la institución abundaron, pero, como señalamos al comienzo, no aparecieron los delincuentes.
Y suma y sigue. A pedido del Ministerio Público, un juez desestimó la denuncia de que el expresidente Vicente Bataglia supuestamente causó a la entidad previsional un daño de más de 1,6 billones de guaraníes, según la Contraloría General de la República. Como en el IPS se habría llegado al colmo hasta de vender cargos y recategorizaciones por 1,5 a 15 millones de guaraníes, en marzo pasado se dispuso abrir un juicio oral y público por estafa a veinte acusados. Es de desear que este caso, al menos, también no llegue a prescribir.
Este breve resumen muestra solo unos pocos hechos punibles que en los últimos años llegaron a la Justicia, sin que en ningún caso hayan concluido en condenas firmes. Sin duda, los referidos constituyen solo la punta del enorme iceberg de la impunidad: en su gran mayoría, las causas ni siquiera son abiertas por inacción del Ministerio Público. Se entiende así que la trágica historia continúe: los responsables directos o indirectos de las “muertes evitables” siguen tan campantes en sus respectivos cargos o están en libertad, gozando de los frutos ilícitos del “trabajo” realizado. Como no son sancionados, quienes les suceden repiten la historia mientras el IPS va muriendo de inanición.
El ente no debe seguir siendo un antro donde impera la indiferencia ante la suerte de los asegurados y de sus familiares, ante un Ministerio Público y una Justicia indiferentes, débiles o cómplices ante lo que ocurre allí. Hay que sanearlo de arriba abajo, empezando por el podrido Consejo de Administración. Pero para eso es necesario que los agentes fiscales y los jueces actúen con la debida firmeza, como mandan la ley y la moral, sistemáticamente ignoradas a costa de la vida y de la integridad física de los pacientes, así como del sufrimiento de sus familiares. Es hora de poner fin a tanta infamia.