Recientemente, el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción ratificó por unanimidad la condena de 13 años de prisión contra el senador cartista Erico Galeano Segovia por lavado de activos y asociación criminal. Entre las pruebas sólidas del caso, la Justicia concluyó que el condenado prestó su aeronave para operaciones logísticas de organizaciones criminales en el país y se benefició del esquema narco liderado por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
El fallo de segunda instancia rechazó todos los agravios de la defensa. No hubo error, ni vicio ni omisión. La sentencia es clara, contundente y firme en lo sustancial. ¿Y qué pasó? Nada. Galeano sigue en su casa. Pese a que sus pares le revocaron el permiso como legislador, este carácter impide que sea detenido, en este caso para ser llevado a la cárcel. Sigue disfrutando de su lujosa vida, sigue siendo intocable. Porque la condena todavía no es “firme” –dicen–; porque puede recurrir a la Corte Suprema; porque es senador; porque la impunidad en Paraguay llega puntual para los que mandan, y la justicia siempre llega tarde para el resto del país.
Mientras tanto, Juan Pueblo –ese paraguayo de a pie que comete un delito común, que roba un celular, que falsifica un documento– va directo a Tacumbú, sin escalas. Sin apelaciones eternas. Sin arresto domiciliario en quintas con pileta. Sin permisos para ir al trabajo. Sin “medidas sustitutivas”. Para él, la ley es de plomo, como debería ser para todos: se aplica ya, sin contemplaciones, sin piedad. Para Galeano y los de su calaña, la ley es de goma: se estira, se dobla, se acomoda. ¿Cuántas veces más vamos a tolerar esta hipocresía?
No es un caso aislado. Es el sistema. Es la regla, no la excepción. Para muestra, tenemos como botón a Óscar “Ñoño” Núñez, exgobernador de Presidente Hayes y hermano del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), condenado a 11 años por desviar más de 42.500 millones de guaraníes de fondos públicos. ¿En la cárcel? No. En su quinta de lujo, con arresto domiciliario, organizando fiestas políticas, recibiendo visitas, dando conferencias de prensa como si fuera un héroe. La Justicia le concedió todos los beneficios posibles.
Como este, existen varios que pasean por las calles pese a condenas y procesos que para cualquier ciudadano común significarían rejas inmediatas. Logran “arrestos domiciliarios” con cauciones millonarias que el común de los mortales ni siquiera podría soñar con pagar. La lista se alarga con tantos otros que han convertido la Justicia en un club privado donde solo entran los que tienen poder, plata o padrinos políticos. Mientras tanto, el paraguayo de a pie espera años por un juicio, duerme en celdas hacinadas, ve cómo su familia se desintegra.
La prisión preventiva –esa medida que debería ser excepcional– se convierte en pena anticipada para el pobre. Para el político, es un lujo postergado indefinidamente. Esto no es Estado de derecho. Esto es Estado de privilegios. Es la democracia capturada por la impunidad de los poderosos. Es el cáncer que corroe la confianza en las instituciones. Porque si la justicia no es igual para todos, no es justicia: es herramienta de dominación.
¿Hasta cuándo el pueblo seguirá tolerando esto como algo normal? ¿Hasta cuándo el Congreso va a seguir dando largas a un senador condenado por sus vínculos con el narcotráfico? ¿Hasta cuándo la Corte Suprema va a seguir siendo el último refugio de los intocables? El senador Eduardo Nakayama lo dijo tajante: “la condena ratificada debe significar la pérdida inmediata de investidura”. La narcopolítica no puede seguir adueñándose del Congreso, de ese lugar que debería ser el bastión del pueblo, no de los carteles de la droga. Pero hasta ahora, los discursos bonitos pierden sonido frente al bullicio ensordecedor de los helicópteros aterrizando en pistas clandestinas.
¡El pueblo está harto! Harto de pagar impuestos para mantener un sistema judicial que solo sirve para perseguir al débil y blindar al fuerte. Harto de ver cómo los mismos que juran defender la ley son los primeros en violarla. Harto de la farsa que se disfraza de “garantías procesales” cuando en realidad es complicidad. Erico Galeano ya fue condenado. Dos veces. La sociedad ya emitió su veredicto: culpable. Ahora le toca al Poder Judicial y al Congreso hacer lo que corresponde: sacarlo del Senado, enviarlo a cumplir su pena en una cárcel común como cualquier otro ciudadano y demostrar, de una vez por todas, que en Paraguay la ley sí vale lo mismo para todos y que la Constitución Nacional no se puede interpretar al antojo o la conveniencia de unos pocos.
Si no lo hacen, que no vengan después a hablar de “democracia”, de “institucionalidad” ni de “lucha contra la corrupción”. Porque mientras un condenado por narcotráfico siga campante en su casa, hasta hace poco inclusive con un permiso fabricado mancillando la Constitución, la única verdad es esta: en Paraguay la justicia se confecciona a medida.