La Junta Municipal de Asunción vivió, el pasado 10 de mayo, uno de los momentos más tensos y definitorios de los últimos años para la comuna capitalina y para la institucionalidad democrática. Con 14 votos a favor del rechazo, nueve en contra y una abstención, los concejales lograron frenar in extremis la aprobación automática –la infame “sanción ficta”– del balance 2025 de la Municipalidad. Los nueve ediles que apoyaron la aprobación del cuestionado informe de gestión son: César “Ceres” Escobar, Juan Carlos Ozorio, Nasser Esgaib, Marcelo Centurión, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, René Calonga, Karina Acuña y Carlos González, todos ellos colorados cartistas, con excepción del último de ellos, que es colorado disidente. Como si fuera poco, todos ellos, salvo Ozorio, se candidatan para la reelección, lo que los votantes deben tener en cuenta para las próximas elecciones.
El documento rechazado por mayoría abarca los últimos meses de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, el período de intervención y los primeros meses de Luis Bello al frente de la Intendencia. Lo que estaba en juego no era un simple trámite contable: era el intento de blanquear una gestión salpicada de irregularidades millonarias, desvíos de fondos públicos y un modelo de administración que priorizó el clientelismo y el planillerismo por sobre el bienestar de los contribuyentes.
Las denuncias no son nuevas, pero sí demoledoras. Concejales de la oposición y de la disidencia colorada expusieron, cifras en mano, el desvío de bonos emitidos para obras específicas –como el bono G8 de 360.000 millones de guaraníes destinado a desagües pluviales– que presuntamente terminaron usados para pagar salarios, sostener la maquinaria política y cubrir gastos corrientes.
Se habla de más de 500.000 millones de guaraníes sin destino justificado, sobrefacturaciones escandalosas (hasta 2.300% en repuestos de vehículos), engorde artificial de la cartera de morosos y cinco contabilidades paralelas. La inversión en obras fue mínima, la recaudación se fue casi toda en sueldos y despilfarros –según consta en informes de la Intervención y de la Contraloría General de la República– y la ciudad quedó técnicamente en cesación de pagos: deudas con el IPS, con contratistas y con la Caja de Jubilaciones.
Nenecho, desde afuera, intenta desmarcarse: “ese balance es de Luis Bello”. Este, desde adentro, calla o minimiza. Pero los números no mienten: ambas administraciones son inseparables en el ejercicio 2025 y comparten la misma lógica de saqueo, por más que intenten “jugar a la pelota tatá”.
Ante algunas versiones que surgieron en las últimas horas, surge la pregunta clave que muchos asuncenos se hacen: ¿puede el presidente de la Junta Municipal aprobar unilateralmente este balance? La respuesta, según el Art. 207 de la Ley Orgánica Municipal (Ley 3966/10), es clara: NO. La rendición de cuentas es competencia exclusiva del plenario de la Junta.
La posibilidad existente es que, el intendente –en este caso Luis Bello– ejerza su derecho de una suerte de veto sobre la resolución de la Junta, mediante observaciones que objeten lo resuelto por ella. En este caso, para ratificar a su vez su decisión, la Junta deberá contar con una mayoría absoluta de dos tercios. De no lograrse esa mayoría, quedará aprobado el cuestionado balance defendido por el intendente.
Esta es la posibilidad real y peligrosa que se abre ahora. En las carpas del cartismo ya se adelantó que Bello podría vetar. Si lo hace, no solo estaría salvando su propia gestión y la de su antecesor: estaría enviando un mensaje devastador a toda la ciudadanía. Implicaría que las irregularidades –por graves que sean– pueden ser ignoradas con un simple plumazo ejecutivo. Implicaría que el control legislativo municipal es una farsa y que el poder real sigue concentrado en quien maneja la Intendencia.
Para los asuncenos, las consecuencias son concretas y dolorosas. Asunción ya arrastra una deuda asfixiante y una infraestructura en ruinas: calles sin bacheo, desagües que colapsan con cada lluvia y se cobran vidas humanas, recolección de basura deficiente y servicios básicos que se deterioran.
Si el balance se blanquea, se legitima el continuismo de una administración que dejó la caja municipal en terapia intensiva y priorizó el pago de favores políticos sobre las necesidades reales de la gente. Los contribuyentes –los mismos que pagan tasas e impuestos cada vez más altos– terminarán financiando con esfuerzo, sudor y lágrimas un modelo que no devuelve nada a cambio.
Peor aún: se consolida la impunidad. Mañana cualquier intendente sabrá que puede desviar fondos, inflar planillas y dejar la ciudad en quiebra, confiando en que un veto o una mayoría cómplice lo salvará del escrutinio.
Para la ciudadanía en general, el mensaje es aún más grave. Cuando las instituciones que deben controlar el poder se doblegan ante él, se erosiona la confianza democrática. Los asuncenos ya no creen en sus autoridades porque ven, una y otra vez, cómo los mismos actores se protegen entre sí.
Si el veto prospera, no solo se rechaza un balance: se rechaza la posibilidad misma de cambio. Se le dice a la gente que su voto y su reclamo no importan y que el poder se defiende a sí mismo.
Asunción merece algo mejor. Merece que sus balances sean transparentes, que sus recursos se usen en obras y no en sueldos prebendarios, que sus autoridades rindan cuentas de verdad y no busquen atajos para blanquear el desastre. El rechazo del domingo fue un primer paso. Ahora viene la prueba de fuego: si Bello veta y la Junta no se ratifica con la mayoría necesaria, quedará claro que el saqueo no terminó; solo cambió de disfraz.