No es temerario suponer que los Próceres de Mayo querían un país independiente en el que reinara la justicia, es decir, uno en el que las leyes rigieran por igual para todos sus hijos, y transcribiendo ese anhelo a los tiempos actuales, gracias a unos fiscales y jueces probos que no obedecieran a los poderes políticos ni a los fácticos. Esta noble aspiración no está siendo satisfecha en el Paraguay de hoy, pese a lo que disponen la Constitución y las leyes: campea la injusticia porque el servilismo y la corrupción están a la orden del día. El hecho de que los exlegisladores Orlando Arévalo y Hernán Rivas –presuntos falsos abogados– hayan presidido nada menos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) revela que la correcta administración de justicia les importa muy poco o nada.
“La independencia de los Poderes del Estado no puede ser solamente una utopía en la vida democrática, un enunciado inalcanzable, sino una realidad concreta que ayude a evitar sospechas e indebidas alianzas o concentraciones de poder, cuidando siempre los valores republicanos, la transparencia y la confianza ciudadana”, dijo precisamente ayer, en el Te Deum por el día de la Independencia Patria, el cardenal arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez Flores.
Estas lacerantes preocupaciones no parecen inquietar mucho al Consejo de la Magistratura, hoy presidido por Gerardo Bobadilla, cuyo accionar sigue despertando dudas en la ciudadanía. Puede mencionarse, por ejemplo, que no incluyó en la terna para ocupar el cargo de juez de primera instancia –sino que fue relegado con una ínfima calificación– al fiscal Deny Yoon Pak, quien tuvo una destacada actuación en las causas abiertas en el marco de la Operación A Ultranza Py, que también afectó indirectamente al hoy condenado exsenador Erico Galeano. En cambio, al citado órgano le pareció bien proponer el nombre del cuestionado fiscal Aldo Cantero, el mismo que habría “chateado” con Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, en el marco de la denuncia formulada por este contra el expresidente Mario Abdo Benítez y ocho de sus exministros. El senador Édgar López (PLRA) dijo muy suelto de cuerpo que votó en favor de Aldo Cantero para asegurar votos en pro de sus propios candidatos en otras sesiones: “En la política, en estos casos, tanto en el Consejo como en el Senado, muchas veces votamos por uno, por más que no estemos de acuerdo. Tenemos que hacerlo”, dijo. Huelgan los comentarios.
Si así funcionan el Congreso, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Ministerio Público, es comprensible que también las actuaciones de la judicatura sean a menudo vergonzosas. Una muestra de su nefasto desempeño la han dado los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia que se reunieron en nocturnidad con el jefe del Poder Ejecutivo. En otro tema, la máxima autoridad judicial aún no ha resuelto la acción de inconstitucionalidad promovida el 27 de febrero de 2024 –hace más de dos años– por la exsenadora Kattya González contra su arbitraria pérdida de investidura. Es inconcebible que en ese largo tiempo, se supone que ilustrados máximos jueces, no hayan podido tener una opinión sobre el caso, lo que lleva a pensar que la misma pudo ser favorable a la exlegisladora pero que no quieren malquistarse con el poder de turno, lo que hablaría poco de su probidad en un caso tan relevante para nuestra democracia.
Es más, la “mafia de los pagarés”, con al menos diecisiete mil víctimas a las que se habría despojado de unos 612.000 millones de guaraníes anuales mediante juicios ejecutivos fraudulentos, ha revelado una intensa actividad delictiva de jueces de paz, ujieres, actuarios y oficiales de justicia: la venían realizando desde hace años, sin que el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia la haya advertido a tiempo. Por supuesto, no se trata del primer caso en que el personal de la judicatura se pone al servicio de la delincuencia: en diciembre de 2021, la presidenta del Tribunal Especializado en Delitos Económicos, Claudia Criscioni, pidió disculpas a las víctimas del condenado Ramón González Daher, “por lo que el sistema de justicia les hizo” y expresó su deseo de que “nunca más vuelva a ocurrir” que se utilice al sistema penal para encarcelar a quienes caen en las garras de un usurero, previa extorsión. Se recuerda también que, en febrero de este año, el Colegio de Abogados del Paraguay sostuvo que “la justicia no puede ni debe ser un negocio ni un mecanismo de extorsión”.
En este día en que recordamos la fecha en que nuestros próceres sacudieron el poder que mantenía al país sometido a otra potencia, podemos afirmar que, a juzgar por solo algunos de numerosos casos conocidos, la Justicia paraguaya lejos ha estado y está de sacudirse el yugo que la mantiene oprimida a merced de los poderes fácticos. Es de desear que el sueño de nuestros próceres de mayo sea cumplido más temprano que tarde.