En el área metropolitana de Asunción, el transporte público de pasajeros es una desgracia recurrente, protagonizada por unos “empresarios” adictos al chantaje y un Viceministerio que incumple sus compromisos. La nueva pugna desatada, que puede volver a afectar a los indefensos usuarios con las consabidas “reguladas” ilícitas o hasta con un paro como el de marzo último, tiene que ver con el impago de unos cuatro millones de dólares correspondientes a los subsidios de abril, según el sector transportista.
El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz, afirma que el Viceministerio, dirigido por Emiliano Fernández, ignora el decreto reglamentario de la ley promulgada en diciembre de 2025 para emprender la reforma de ese servicio. Según el mismo, los subsidios deben abonarse en el mes en que las empresas entregan las carpetas y los documentos de respaldo, lo que ya habría ocurrido “en tiempo y forma”. El gremio atribuye la omisión estatal a mecanismos de control y procesamiento deficientes o a dificultades burocráticas o presupuestarias no reveladas; tan es así que el Viceministerio carecería de un “plan de caja”.
Por ahora, la tan mentada reforma del sector solo existe sobre el papel: la ley antes citada debía impulsarla, pero resulta que aún ni siquiera está en marcha una licitación de los itinerarios para reducir, como se pretende, el número de las empresas involucradas en el servicio. El año pasado, el presidente Santiago Peña anunció que la reforma “llevará su tiempo”, razón de más para iniciarla cuanto antes. El presidente del Cetrapam, que reúne a más del 70% de los prestadores del servicio, afirma que “la sostenibilidad del sistema no se construye con mentiras, sino con decisiones técnicas y honrando compromisos”. Esto es tan cierto como que la Ley N° 6789/21 sanciona las “reguladas” con la cancelación de las licencias, los itinerarios y los subsidios. Es más, califica de hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos, la amenaza o extorsión a órganos estatales relacionados con la prestación del servicio, que puede ser denunciado penalmente por cualquier ciudadano.
Hasta hoy, esta normativa nunca ha sido aplicada porque, pese a los altercados entre el Viceministerio y los “empresarios”, habría contubernios que pesan más que la ley. Las víctimas de siempre son los usuarios, expuestos a maltratos diversos; no los sufren los habitantes de otras zonas del país, que también aportan para abaratar el pasaje en el área metropolitana de Asunción. Ya se verá si el nuevo conflicto induce a los transportistas a perpetrar un nuevo paro; si así fuera, habrá que hacerles sentir todo el rigor de la ley. ¿O se teme que ello tendría consecuencias demasiado graves, como la total paralización del servicio tan mal prestado? Si así fuera, no tendría sentido que las disposiciones legales referidas siguieran solo formalmente en vigencia: sería mejor derogarlas de una vez por todas, si el Poder Ejecutivo, que por su parte está obligado a pagar una deuda pública, no puede ni quiere hacerlas cumplir.
En cuanto a los usuarios: no deben seguir soportando las consecuencias de los desaciertos o fechorías del Viceministerio y de los “empresarios”; para ello, es necesario que intervenga con mucha mayor frecuencia la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), acompañando, en el marco de sus atribuciones, las iniciativas de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama). Ya se debe poner coto a tantos desmanejos, derivados de la incompetencia de unos y de la arbitrariedad de otros. Los usuarios del transporte público no deben seguir siendo víctimas de un sistema fallido, por culpa de quienes, como es obvio, no se ven forzados a recurrir a buses repletos y deteriorados.
El pésimo servicio ofrecido supone un destrato cotidiano a quienes, por motivos económicos, no tienen la opción de valerse de otros medios de traslado: son los clientes cautivos de quienes acostumbran a “tirarse la pelota” para eludir sus respectivas responsabilidades. Según lo admitió ayer César Ruiz Díaz, ya empezaron las “reguladas” debido a la falta de pago del subsidio estatal. Por ahora, no estaría previsto un paro porque “termina castigando al pueblo”: lo dijo muy suelto de cuerpo, como si las “reguladas” no lo castigaran. Solo cabe preguntar: hasta cuándo durará esta tortura a los usuarios del transporte público.