Al funesto caso de la emisión de bonos para construir obras de desagüe pluvial bajo la desastrosa gestión del exintendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez, se suma ahora el de las diez plazas que debían ser “revitalizadas” con el 10% de lo obtenido con los bonos G6 librados en 2020, por un valor total de 100.000 millones de guaraníes. Estos datos fueron revelados gracias a un reciente pedido de acceso a la información pública hecho por este diario: ni el exinterventor Carlos Pereira ni la Contraloría General de la República se ocuparon en particular del escandaloso asunto. Por lo demás, ni siquiera las direcciones municipales poseen registros, planos ni antecedentes de las obras de “revitalización” previstas. La falta de transparencia, por así llamarla, afectó incluso a las propias dependencias municipales.
Conste que la Municipalidad tiene toda una Dirección de Transparencia, creada seguramente para repartir cargos a amigos, parientes y correligionarios, antes que para permitir que la ciudadanía se entere, entre otras cosas, del manejo del dinero público. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sabe al menos que solo fue “revitalizada” –en parte– la plaza Naciones Unidas, a un costo de 971 millones de guaraníes: los trabajos habrían sido adjudicados por G. 2.332 millones. El secretismo burocrático impide conocer el destino del remanente, así como el de los nueve mil millones de guaraníes restantes que debían invertirse en otras nueve plazas. Los fondos recaudados mediante la emisión de los bonos G6 ya no existen a más tardar desde 2024, cuando dejaron de figurar en los balances financieros.
La Junta Municipal no se inmutó, sino que los siguió aprobando con mansedumbre, sin importarle el destino del dinero ni que el art. 276 de la Ley Orgánica Municipal diga que los concejales son personalmente responsables con sus bienes, según las leyes civiles y penales, por los daños causados a la Municipalidad en el ejercicio del cargo, por actos y operaciones que autoricen contra las normas legales vigentes. De hecho, la causa penal abierta el año pasado incluye el empleo de lo recaudado mediante los bonos G6, vinculados a la “revitalización” de las plazas, de los que lamentablemente no se ocupó la Contraloría General de la República. También incluía fondos para los bacheos, la señalización de calles, la compra de vehículos y la reforma de la Estación de Buses. Su emisión fue autorizada el 16 de enero de 2020, por el nefasto exintendente de marras, que pretendió desligarse del tema.
El Ministerio Público hará bien en averiguar adónde fue a parar el dinero previsto para las plazas. No debe excluirse, por cierto, que haya sido desviado hacia algo más que para el pago ilegal de gastos corrientes. Las “terribles prácticas ilegales” constatadas por el exinterventor Carlos Pereira pueden repetirse en otras municipalidades. En particular, no sería raro que lo que ha sido calificado como “el mayor desvío de fondos” de la historia nacional, haya estado ocurriendo en otras ciudades, en menor escala. Habrá que ver si los próximos gobiernos comunales, empezando por el de la capital, se abstienen de perpetrar barbaridades semejantes. Por de pronto, es saludable que ya no habrá de integrar el de Asunción el principal responsable del escándalo de los bonos, pero no así que vayan a ser reelectos, como es previsible, varios de los ediles que apoyaron sus desafueros.
Resta la esperanza de que aumente el control ciudadano sobre el desempeño municipal y de que se haya aprendido la lección de que no se debe confiar ciegamente en que los concejales cumplan con su obligación de atender el interés de los vecinos: los males causados o tolerados por un pésimo gobierno municipal, como el que la capital ha padecido en los últimos años, están a la vista. Exigir que sean erradicados es un derecho que los vecinos deben ejercer en defensa propia, para que el intendente y los munícipes no sigan burlándose de ellos con su desgobierno, como viene siendo habitual desde hace ya un buen tiempo. Es hora de impedir, gracias a la movilización ciudadana, que continúe la triste historia del desgobierno comunal asunceno.