Aunque el ministro del Interior, Enrique Riera, se jacte de la supuesta reducción del número de delitos y de que “seguimos mejorando” en lo que a la seguridad atañe, lo cierto es que los “chespis” ya abarcan todo el país y los robos a mano armada, incluso con el empleo de explosivos, se repiten con frecuencia. En el ocurrido en la madrugada de ayer en Santa Rita –un gran centro agroindustrial altoparanaense de unos 30.000 habitantes– actuaron más de veinte atracadores munidos de armas largas, que se desplazaron en al menos cinco vehículos para asaltar tres sucursales bancarias y una casa de cambios, aparte de tomar como rehén a uno de los cuatro agentes policiales a los que rodearon. Habrían hecho media hora de disparos continuos: fue “imposible enfrentarlos”, dijo el jefe de la comisaría local, que cuenta con dieciocho efectivos.
Lo ocurrido recuerda que en la madrugada del 26 de febrero, en el cercano municipio de Naranjal, también de gran actividad productiva, ocho bandidos abrieron con explosivos la bóveda de una sucursal bancaria, se enfrentaron a tiros con efectivos policiales y huyeron en seis vehículos. En este contexto, es de señalar también que en la mañana del 26 de mayo, en Ciudad del Este, cinco encapuchados con chalecos antibalas, que utilizaban una camioneta de alta gama sustraída en Asunción, despojaron a mano armada de 200.000 dólares a un empleado de una firma importadora. Aunque el auge de los delitos violentos afecta a gran parte del país, llama la atención que los graves hechos citados hayan ocurrido en un departamento que debería ser atendido por la Operación Escudo Guaraní, una estrategia militar y policial lanzada con gran despliegue propagandístico en noviembre último para reforzar la seguridad interna y fronteriza, con el concurso de unos cuatro mil efectivos y la cooperación de organismos de seguridad brasileños y argentinos.
Al respecto, cabe preguntarse qué está haciendo la Dirección General de Inteligencia Policial para frustrar la comisión de tantos hechos punibles perpetrados, con toda evidencia, por bandas bien montadas y pertrechadas. ¿Carece de informantes en el ámbito mafioso? Como es muy probable que la delincuencia los tenga dentro de la Policía Nacional a tiempo completo, la tarea de detectarlos debería ser constante. También tendría que aumentar la presencia de los agentes en aquellas localidades que cuentan con varias entidades financieras debido a sus activos agronegocios. En verdad, resulta deplorable que puedan ser poco menos que copadas por asaltantes y sin mayor oposición.
El Gobierno, luego de uno de sus habituales cambios de parecer, acaba de anunciar que en 2027 el Colegio de Policía habilitará mil plazas para suboficiales. Más allá de lo cuantitativo, no servirá de mucho aumentar su número si la formación profesional sigue siendo tan deficiente como hasta ahora. Lo cierto es que, pese a lo que cree el ministro Riera, la inseguridad interna más bien parece que va en aumento, sobre todo en lo que respecta a los hechos punibles violentos, perpetrados por delincuentes más avezados que los motoasaltantes. Por lo demás, el uso creciente de armas largas y de explosivos revela un intenso tráfico que está escapando del control de la Dirección General de Material Bélico, dependiente de las Fuerzas Armadas.
Así las cosas, hay mucho que hacer en materia de seguridad interna, empezando por dejar de lado la injustificada autocomplacencia gubernativa: el “escudo guaraní” –bastante perforado por los hechos referidos– no servirá de mucho mientras la corrupción y la ineptitud infecten las filas policiales, hoy a menudo superadas por hampones bien equipados y adiestrados. Ya no se trata solo de combatir a motoasaltantes, sino a delincuentes que podrían estar estrechamente ligados al crimen organizado brasileño, razón de más para atender la calidad moral y profesional de las fuerzas del orden. En tal sentido, vale señalar que uno de los asaltantes de Santa Rita sería un “polibandi” que el 26 de mayo atracó en Paso Yobái (Guairá) una empresa minera, en tanto que otro sería un secuestrador condenado que gozaba de un permiso judicial (!). Habría que ver con qué argumentos se concedió tal permiso y quién fue la autoridad que lo otorgó.
Por obvios motivos, los departamentos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná merecen especial atención; sus habitantes tienen derecho a vivir libres del temor de ser víctimas de alguna balacera desatada durante un atraco en tiempos de cosecha. Es hora de que la vulnerada seguridad interna sea restablecida en el marco de la ley, para lo cual, en vez de envanecerse arrojando invisibles resultados, es imprescindible tener la honestidad de reconocer los notorios déficits existentes, sin buscar minimizarlos ni de mentar iniciativas para la mera propaganda. Es inútil tratar de ocultar una dolorosa realidad que una y otra vez se manifiesta con toda crudeza. Hacerlo implica subestimar la capacidad de entendimiento de un pueblo que a menudo experimenta que la vida, la libertad y los bienes de las personas están amenazados a diario, en gran parte del país.