Hay una noticia que pudo haber pasado desapercibida para aquellos que no están en el tema, pero que tiene una importancia sumamente relevante para la reconfiguración de las metas macroeconómicas, el sinceramiento de la contabilidad estatal y, con suerte, la preservación del estatus de inversión del país pese a la crisis de pagos y de sostenibilidad del sector público. El 15 de junio se inició la evaluación anual del Fondo Monetario Internacional, en el marco de las consultas del artículo IV, con el mandato de revisar los indicadores, las tendencias y las proyecciones de la economía paraguaya.
El artículo IV es una norma del Convenio Constitutivo del FMI, ratificado por Paraguay, que establece la obligación de supervisar el sistema monetario internacional y vigilar las políticas económicas y financieras de todos sus países miembros. En este marco, una misión técnica de alto nivel se presenta de manera periódica y analiza con autoridades y actores económicos locales la evolución de las variables económico-financieras, tales como crecimiento, inflación, cuentas fiscales, sector externo, estabilidad financiera, entre otras.
La misión produce una conclusión con proyecciones, advertencias y recomendaciones, que no son de cumplimiento obligatorio, pero que típicamente resultan en compromisos de adecuarse a ciertos parámetros en plazos determinados, con el fin de contrarrestar riesgos internos y externos, inminentes o potenciales, así como para fortalecer los fundamentos y la resiliencia de las finanzas públicas.
Y aquí es donde radica el problema. El Gobierno no ha cumplido los compromisos asumidos con el FMI, particularmente en lo que concierne al cronograma de convergencia del déficit fiscal y a ciertas reformas estructurales, como la del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, que se quedó a medias tintas. Aunque estos compromisos no son de carácter coercitivo, constituyen la principal referencia de las calificadoras internacionales de riesgo y su incumplimiento afecta seriamente la credibilidad de la administración y del país.
Oficialmente se sigue asegurando que este año se va a honrar la promesa de retornar a un déficit de 1,5% del PIB, tope establecido en la ley de responsabilidad fiscal, pero ningún analista independiente lo cree posible. Aun sin considerar las cuantiosas deudas vencidas con proveedores y contratistas, se estima que, en el mejor de los casos, se podría cerrar en torno al 2%. Si se toman en cuenta tales atrasos, que es lo que corresponde, el déficit proyectado supera el 5% del PIB y hay quienes lo ubican por encima del 7%.
El gobierno de Santiago Peña ha recurrido a la táctica del ocultamiento, la misma que le había criticado tan duramente a la administración de Mario Abdo Benítez, consistente en excluir de la contabilidad estatal las deudas internas por obras, servicios y adquisiciones ejecutados, pero no cancelados. Hasta cierto punto se puede hacer la vista gorda, pero esa táctica ya no es admisible a estas alturas. En primer lugar, por la magnitud del pasivo, que supera los 1.400 millones de dólares entre lo que se debe al sector farmacéutico, a los contratistas de obras y a otros proveedores. En segundo lugar, porque no se puede pretender engañar a una misión de expertos sin quedar, además de negligentes, como mentirosos.
Por lo tanto, la única opción que tiene el Gobierno es la de sincerarse y tratar de alguna manera de obtener una nueva oportunidad, con un plan suficientemente creíble que Santiago Peña esta vez cumpla a rajatabla, más allá de cualquier consideración electoral, ya que ello necesariamente implicará un fuerte esquema de ajuste.
El argumento que se va a utilizar es la volatilidad externa y la caída del tipo de cambio, que redujo las recaudaciones aduaneras y puso en aprietos al fisco. Es un argumento débil, puesto que los problemas son anteriores a la actual coyuntura, pero un argumento al fin.
Se pueden tener diversas opiniones sobre el Fondo Monetario Internacional, pero Paraguay es un Estado miembro y, mientras lo sea, está obligado a rendir cuentas y a someterse a su auditoría. Guste o no, la posición que adopte será determinante para la imagen externa del país, en particular frente a las calificadoras que tienen que decidir si mantienen el grado de inversión. De ahí la importancia de esta misión. Por el bien del país, ojalá se pueda llegar a algún tipo de entendimiento.