El grosero escándalo de los títulos falsos de docente adquiere dimensiones cada vez mayores. Tras una auditoría interna, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) denunció ante el Ministerio Público 145 casos, aunque primero haya referido 250. Por de pronto, hay 14 imputados en una causa similar, anterior a esta, en el marco de la cual la fiscala Teresa Sosa recomendó al MEC la realización de la auditoría. Es presumible que el número de procesados vaya aumentando con el correr de las pesquisas. Por su parte, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, estimó que serían unos 15.000 los títulos de quienes no asistieron a un instituto de formación docente ni a una universidad. A su vez, la senadora Esperanza Martínez (PPC) habló de la friolera de casi cien mil títulos expedidos entre 2023 y 2025, sin haber sido avalados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
A tanto ha llegado el descontrol que, entre el 5 y el 19 de mayo últimos, el MEC registró 313 títulos expedidos por cierto Instituto Superior Interamericano, cuyas carreras de Educación Escolar Básica, Ciencias de la Educación y Educación Inicial fueron habilitadas recién el 27 de febrero de este año, por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones): ¡las carreras debían durar cuatro años! Cuesta creerlo, pero así habría ocurrido, según denuncias presentadas en la Fiscalía y ante el MEC.
El hecho de que todo esto sea tan grotesco revela que las prácticas delictivas en el campo educativo se han vuelto habituales. Está visto que los casos del exdiputado Orlando Arévalo (ANR, cartista) y del exsenador Hernán Rivas (ANR, cartista) no serían excepcionales ni mucho menos: el mercadeo de títulos académicos no solo para “enseñar”, sino también quizá para ascender en la función pública pudo haber sido un secreto a voces, en ciertos ámbitos. Tal como están las cosas, en muchos casos, un título de docente no garantiza hoy la solvencia intelectual ni mucho menos la moral del portador, pues unas mafias habrían estado vendiendo diplomas de contenido falso o materialmente no auténticos, a un precio de entre 6 y 25 millones de guaraníes, según el propio ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, quien dijo que abrió una auditoría interna y que, hasta la fecha, “apartó” a cuatro funcionarios, para que se pueda investigar. Por lo demás, aguardará lo que la Justicia resuelva en cuanto a la validez de los títulos bajo sospecha.
Entretanto, es penoso que a la ineptitud de muchos de los que hacen de docentes en escuelas y colegios –siete de cada diez no entienden lo que leen, al igual que los alumnos– se sume ahora la presunción de que no pocos podrían haber delinquido al comprar y utilizar a sabiendas un título apócrifo. Por de pronto, es necesario que las fechorías cometidas –en gran escala– no queden impunes y que el MEC, la Aneaes y el Cones refuercen sus respectivos controles, por el bien de los educadores y de los educandos. Es preciso también que los auténticos docentes levanten la voz en defensa de su ya menguado prestigio profesional, hoy aún más degradado por la inevitable presunción de que quien dirige el aula podría ser un delincuente.
Es mucho lo que está en juego en esta nefasta trama, que se extendió a gran parte del país, según el ministro. Se ha corrompido la educación y se ha estafado tanto al erario como a los alumnos. Así las cosas, habría que investigar también si hay “médicos” o “ingenieros” fraudulentos, entre otros universitarios graduados. Ya se tienen noticias de al menos dos “abogados” dudosos que hasta llegaron a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Por de pronto, es deseable que las entidades públicas antes citadas investiguen con el debido rigor, pero sin demorarse en exceso, los casos que ya tienen entre manos.
Y, por supuesto, que la dilucidación de los hechos no termine en la nada, como suele acontecer en asuntos similares. Así lo exigen el interés de la comunidad educativa y el de la ciudadanía toda, también víctima de una odiosa engañifa perpetrada por unos sinvergüenzas de marca mayor, que se aprovecharon de notorias negligencias institucionales, que deben ser erradicadas aplicando la ley.