El ataque cometido en la colonia Naranjito, de Canindeyú, contra un puesto policial ha evidenciado, entre otras cosas, el desconcierto y, aparentemente, falta de coordinación y comunicación entre los organismos que integran el aparato estatal que debe ocuparse de la seguridad. Según como se han manifestado, hasta ahora los responsables del área aún no coinciden sobre a qué organización criminal atribuir el grave atentado, lo que parece mostrar además un desconocimiento real de lo que está ocurriendo en una zona conflictiva de nuestro país.
El miércoles, el general Alberto Gaona, jefe del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), afirmó que era “muy improbable” que haya intervenido el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), porque este grupo criminal, según dijo, no suele emplear escopetas y tiene pocos miembros: “Para de repente de tener un número de doce a quince componentes a que aumente treinta (...) no veo muy óptimo el panorama para ellos de reclutar de quince a veinte personas”. Apuntó más bien a “los grupos del crimen organizado bien identificados”, aunque no quiso dar nombres, porque “la Policía y el Ministerio Público están en etapa de investigación”.
Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, discrepó ayer, al decir que la autoría del hecho corresponde al EPP. Se fundó en que “el último informe de balística confirma que un arma utilizada está vinculada con la misma arma usada en el ataque el 3 de mayo pasado a la comisaría de Ybyrarobaná”, perpetrado por dicha organización terrorista. Minutos después, el ministro de Defensa, general (R) Óscar González, que el miércoles había dicho que “se busca determinar a qué grupo atribuir este hecho y después perseguirlo”, volvió a ser muy prudente con respecto a la autoría: “Sobre eso no quiero hablar aún, porque queda pendiente una reunión del Codena (Consejo de Defensa Nacional) con el señor Presidente de la República...”.
Las contradicciones entre el jefe del CODI y el ministro del Interior, por un lado, y la de ambos con la posición “neutral” del ministro de Defensa, revelan, por otra parte, que la política comunicacional del Gobierno es francamente deplorable.
Por lo demás, el CODI, montado para enfrentar al grupo terrorista, y el Departamento Antisecuestro de la Policía consumen ingentes fondos públicos que hasta la fecha no rinden frutos apreciables en Canindeyú, donde operan las dos organizaciones criminales sospechadas. Se trata de un departamento de solo 14.677 kilómetros cuadrados y de unos 200.000 habitantes, con dos cordilleras no muy imponentes, que sirven de límites con el Brasil; sus bosques ocupan el 28% de la superficie y no son tan impenetrables, al menos, según parece, para los grupos criminales, como lo son para la fuerza pública. Los malvivientes del EPP y los de la mafia del narcotráfico actúan allí a sus anchas, sin que se deba excluir la posibilidad de que lo hagan juntos, como ocurrió en Colombia con la narcoguerrilla.
El ministro de Defensa anunció que se enviarían más fuerzas militares. Como las que ya se encuentran allí han venido cobrando unas “bonificaciones por servicios especiales”, es de temer que les convenga la prolongación de la lucha sine die. El Estado tiene serias dificultades para acabar con la organización terrorista y el crimen organizado, al parecer debido a la ineptitud y a la corrupción gubernativas. Si en las altas esferas no se ponen de acuerdo antes de dirigirse a la ciudadanía es que no tienen una idea clara de cuanto ocurre en el terreno de los acontecimientos, lo que sería indispensable para proteger también la vida de los agentes policiales, entre otras víctimas de una tremenda ineficiencia que se viene exhibiendo desde hace muchos años.
Lo ocurrido con las declaraciones referidas es una clara señal de la desorientación imperante en la cúpula estatal: se estarían dando unos ridículos palos de ciego que hacen presumir que a esta triste historia se le irán agregando nuevos capítulos que corroboren la impotencia gubernamental en la tarea urgente y necesaria de poner fin a las actividades delictivas que, por otra parte, impiden el normal desarrollo de una rica zona y pone en serio riesgo la vida, la libertad y los bienes de las personas.