Mientras hay alentadores signos de que las cosas están cambiando para bien en el Instituto de Previsión Social (IPS) –toda vez que la intervención fiscal y las denuncias no terminen en agua de borrajas–, la Municipalidad capitalina y por ende la ciudad misma siguen en las deplorables condiciones legadas por Óscar “Nenecho” Rodríguez, el presunto responsable principal del desvío de unos 512.000 millones de guaraníes, denunciado penalmente por la Contraloría General de la República hace dos años. Hasta hoy no hay consecuencias. Se ignoran los avances de la pesquisa del Ministerio Público por lesión de confianza, como si los elementos de juicio que aportó el citado organismo y el allanamiento del Palacete Municipal no bastaran para que el exintendente sea imputado y se pida su prisión preventiva, tal como lo hizo el valiente agente fiscal Julio Ortiz en la causa abierta a, entre otros, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, expresidentes del Consejo de Administración del IPS.
Esta actuación digna de elogio, que hasta resulta más bien insólita bajo la jefatura del fiscal general, Emiliano Rolón, no se ha dado en ninguna de las cinco denuncias penales contra personas innominadas, hechas en 2025 por el exinterventor municipal Carlos Pereira, quien en su informe final refirió las “terribles prácticas ilegales” durante la desastrosa gestión de Nenecho. Entre las presuntas fechorías señaladas figuran la alteración de sistemas informáticos, la falsificación de planos, la venta de cargos y la existencia de “cajas paralelas”. La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, del Ministerio Público, se está tomando su tiempo, ya muy prolongado, para llegar a alguna conclusión. Mientras tanto, quien aparece como el presunto principal responsable de la debacle tuvo el descaro de candidatarse para concejal, felizmente sin éxito, en las últimas elecciones internas mirando los comicios municipales del 4 de octubre.
Hasta hoy, solo se halla en sede judicial el caso de los “detergentes de oro” comprados durante la pandemia, en el que el exintendente está imputado por lesión de confianza. El daño patrimonial infligido fue de 1.850 millones de guaraníes: varios acusados, entre ellos el exdirector de Gestión y Reducción de Riesgos, Édgar Estigarribia, confesaron su culpabilidad en un procedimiento abreviado y devolvieron parte de lo defraudado para no ir a prisión, pero pese a ello, Nenecho no es molestado por la Fiscalía.
Como los supuestos delitos perpetrados en la Intendencia habrían tenido el consentimiento de la mayoría de los concejales, es necesario que también ellos sean alcanzados por las sempiternas pesquisas. Según la ley, son penal y civilmente responsables por las ilicitudes que apoyen con su voto. Llamativamente, la Junta Municipal asuncena, donde predominan los expartidarios de Nenecho, incluyendo el actual intendente, Luis Bello, aprobó recientemente el presuntamente fraudulento balance general de 2025, convirtiéndose así en cómplices del calamitoso estado de la Municipalidad.
La última canallada municipal fue obra de la “mafia del asfalto”, una presunta matufia en donde, además del asfalto, se habrían empleado en obras privadas máquinas, operarios y materiales de la Municipalidad. Entretanto, la red vial está llena de baches y las basuras se acumulan en las aceras. Para peor, algunos de los nuevos camiones recolectores, comprados sin licitación por 13.000 millones de guaraníes, ya dejaron de funcionar, porque habrían llegado con averías. En consecuencia, se aguarda que el Ministerio Público sea mucho más diligente en cuanto a los hechos punibles del ámbito municipal asunceno. Los malandrines no deben quedar impunes.