Santiago Peña y su equipo económico, encabezado por Carlos Fernández Valdovinos e integrado, entre otros, por la exministra Lea Giménez, habían generado altas expectativas por las credenciales académicas que les antecedían, pero, en el campo de la administración del Estado, que es la principal función del Poder Ejecutivo, no han dado la talla. Fernández fue reemplazado este año, aunque conserva su puesto (y remuneraciones) como consejero de Itaipú, Lea Giménez está en un organismo internacional, hubo otras movidas en el gabinete, y ninguna de las promesas de reformas profundas, racionalización del gasto público, sinceramiento de la contabilidad estatal y restablecimiento del equilibrio fiscal se han concretado.
Precisamente Fernández y Giménez, además de Santiago Peña como responsable, fueron quienes llevaron la voz cantante durante el período de transición previo al inicio del Gobierno, en 2023. Mario Abdo Benítez entregaba el mando con un déficit nominal del 2,3% del PIB, conforme al plan establecido, que contemplaba el retorno al tope del 1,5% establecido en la ley de responsabilidad fiscal en el ejercicio 2024. Pero las autoridades entrantes cuestionaron duramente la cifra y acusaron a la administración saliente de esconder deudas vencidas bajo la alfombra para adecuarse artificialmente a la meta.
Con ese argumento, ya en el poder, Santiago Peña y su equipo económico solicitaron y obtuvieron en el Congreso una sustancial ampliación del Presupuesto 2023, con una emisión extraordinaria de bonos del Tesoro de 600 millones de dólares, supuestamente para ponerse al día y empezar de cero con proveedores y contratistas. De un plumazo se elevó el déficit oficial al 4,1% del PIB y se postergó el retorno al tope legal para 2026, algo que se conseguiría “fácilmente”, en palabras de Fernández Valdovinos.
Estamos en 2026, aquel “fácil” plan no se cumplió y se volvió a incurrir exactamente en lo mismo que tanto se criticó, que es no registrar las deudas vencidas, solo que ya no por 600 millones de dólares, sino por 1.500 millones, a pesar de que se tomaron préstamos para cancelarlas.
La diferencia es que Mario Abdo Benítez puede alegar que le tocó la pandemia, años de sequía, retracción o estancamiento, mientras que Santiago Peña ha disfrutado de condiciones inmejorables. No ha enfrentado ninguna emergencia nacional, ha coincidido con un ciclo de crecimiento económico sostenido, ha gozado de recaudaciones récord y de ingresos extraordinarios de Itaipú por diferencia tarifaria, que la misma Lea Giménez había calificado en su momento como un beneficio mayúsculo.
Con todo eso a favor, el Gobierno no ha sido capaz de restablecer el equilibrio y sentar las bases para el futuro. A estas alturas ya se tendría que haber vuelto al marco de la ley de responsabilidad fiscal, pero, en cambio, todo es incertidumbre. El nuevo ministro, Óscar Lovera, anunció un nuevo plan que consiste en un déficit de 3,2% del PIB en 2026 (más del doble del que debía haber sido) y del 3,9% del PIB en 2027, lo que significa que no están previendo una reducción significativa en el presupuesto del próximo año.
Según el plan, el saldo rojo estatal bajará abruptamente al tope del 1,5% en 2028, pero es bastante difícil de creer que haya un ajuste tan drástico en un año de elecciones generales y de transición, por lo que cabe sospechar que, una vez más, la promesa se la llevará el viento y el fardo le quede al siguiente gobierno.
Se esperaba mucho de Santiago Peña. Se creía que, con su formación y con su experiencia como exministro de Hacienda, sabría gestionar correctamente el gasto público y su financiamiento. Pero solo ha habido “reformas light”, el país está más endeudado que nunca, hay atrasos por todos lados. Una gran decepción.