Podía creerse que ya salieron a la luz las peores canalladas cometidas en el Instituto de Previsión Social (IPS) y que ya nada podía sorprender. Sin embargo, ahora resulta que se ha descubierto una más, que supera a muchas, gracias a las denuncias hechas a este diario por familiares de pacientes adultos internados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central: en el albergue que acoge a quienes acompañan a los pacientes, ubicado en el mismo predio del nosocomio, se les ofrecía en venta fármacos e insumos con el sello de la entidad y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como si fuera una operación comercial común y corriente.
Tras la publicación respectiva y por orden del Dr. Isaías Fretes, presidente del Consejo de Administración del IPS, el alojamiento fue intervenido por la Dirección de Apoyo y Servicios del Hospital Central, con la participación de la Asesoría Legal y de la Dirección de Control Interno del IPS, así como del Ministerio Público y de agentes policiales. El operativo constató la existencia de un puesto informal, a cargo de personas ajenas a la entidad y a la medicina, contratadas para cuidar a los pacientes: una de ellas tenía recetas y dinero en un escritorio. Según la directora de Apoyo y Servicios, Cynthia Cardozo, “hay todo un tráfico, aparentemente; puede ser que haya donaciones, pero probablemente se está vendiendo hasta lo donado”.
Más allá del daño patrimonial resultante, se ponía en riesgo hasta la vida de los pacientes, pues los medicamentos eran almacenados en condiciones insalubres. Resta averiguar desde cuándo venía funcionando esa red delictiva, y llama poderosamente la atención cómo es posible que ningún funcionario del Hospital General la haya advertido, mientras los pacientes y sus allegados sufren la falta acuciante de medicamentos, que les obliga a organizar “polladas” o a promover acciones judiciales para obtenerlos.
En estos días se supo que la familia de un jubilado ofreció en venta un auto y pidió un préstamo para reunir los más de 70 millones de guaraníes que costarían los insumos para una cirugía de urgencia, de los que carece la entidad previsional: “Si no pagás, te morís en IPS”, dijo una hija con toda elocuencia. Entretanto, allí se estaban vendiendo productos sustraídos a la entidad previsional sin que lo supieran el Dr. Osvaldo Alvarenga, director general del Hospital Central, ni la Dirección de Control Interno. En realidad, al parecer la irritante fechoría era bien conocida. Al decir de un denunciante, las propias enfermeras avisaban vía WhatsApp que en el albergue se podían comprar medicamentos, con la etiqueta “de uso exclusivo del IPS”, a menor precio que en las farmacias privadas. “Andate a la farmacia del albergue”: así de simple.
Se recordará que en 2023, aunque parezca increíble, estalló el caso de la venta de cargos y recategorizaciones, razón por la que están procesados por estafa unos veinte funcionarios de la entidad previsional. Es que allí ocurría de todo y quizás siga ocurriendo, de modo que es necesario que el Dr. Isaías Fretes siga esforzándose por limpiar lo que se parece bastante a un establo. Es presumible que aún haya mucho que develar, pues todo indica que la podredumbre sería inmensa. Se diría que en el IPS se ha perdido la conciencia del delito. Como se trafica con cualquier cosa, no debería sorprender que incluso se vendan lugares en las filas de espera para obtener turnos, según se denunció hace cinco años en Ciudad del Este. Por esta razón, ante este nuevo caso, sería necesario que el titular del IPS y la ministra de Salud Pública, Dra. Teresa Barán, ordenen urgentes auditorías porque, aunque parezca una perogrullada, medicamentos de ambas instituciones se vendían en una suerte de “mercado negro” en el propio IPS. Los ciudadanos se merecen una explicación de cómo una rosca al parecer ha venido hurtando los productos, ponerlos a la venta, inclusive con publicidad incluida de dónde encontrarlos por los desesperados familiares de los enfermos. Esta sospechosa rosca no sería pequeña. Se espera que los autores, cómplices y encubridores del aberrante operativo reciban pronto el condigno castigo de la ley.
En este escándalo mayúsculo no solo estuvo siendo afectado el patrimonio de la entidad previsional: también se ha puesto en serio riesgo la vida de los pacientes que, forzados por las circunstancias, accedieron a remedios mal conservados, y la de aquellos que no los recibían, como era su derecho, porque las existencias del IPS venían siendo saqueadas, sin ningún disimulo.
La vileza en cuestión dice mucho acerca de la urgente necesidad de que el presidente y los miembros del Consejo de Administración tengan el valor de echar abajo una añeja estructura mafiosa que somete a los asegurados a un maltrato rutinario, que puede tener consecuencias letales. Ha llegado la hora, en fin, de hacer valer con todo rigor los legítimos intereses de los aportantes y sus familias.