El inicio del juicio oral y público contra el exsenador Hernán David Rivas Román, acusado de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso por su título de abogado de la Universidad Sudamericana, puso sobre la mesa no solo la responsabilidad individual que se discute en el Tribunal de Sentencia, sino un problema estructural mucho más grave: la alarmante vulnerabilidad del sistema de otorgamiento y registro de títulos universitarios en el Paraguay.
Lo que se escuchó en la primera jornada del debate a inicios de la semana resulta inquietante. Y lo es, sobre todo, porque revela cómo instituciones que deberían ser guardianas de la fe pública pueden convertirse, por desidia, falta de controles o algo peor, en eslabones débiles de una cadena que permite que documentos de enorme trascendencia jurídica circulen sin el rigor mínimo exigido.
Los testimonios brindados por el camarista Óscar Rodríguez Kennedy, exdecano de la Universidad Sudamericana; por Euclides Acevedo, quien firmó el título en su calidad de rector; y por el exsenador Enrique Bacchetta, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, no dejan de generar preguntas.
Rodríguez Kennedy reconoció que firmó el título y el certificado de estudios de Rivas dentro de su vehículo, estacionado en la avenida España y admitió no haber visto nunca al entonces legislador como alumno de la carrera de Derecho.
Acevedo, por su parte, reconoció haber rubricado el documento basándose únicamente en el certificado de estudios, sin verificar el contenido. Bacchetta, a su vez, señaló que Rivas nunca exhibió el lenguaje ni el dominio propios de un abogado durante su paso por el JEM. Estas declaraciones son, al decir de la propia Fiscalía “inconsistencias prácticamente insalvables”. Aunque en Tribunales, hasta que el martillo golpee la mesa, todo es posible. Se han agregado otros varios testimonios, como los de la exsenadora Kattya González y del diputado Raúl Benítez, que aportaron elementos que, a primera vista, comprometen aún más al grotesco exsenador.
Por supuesto, no debe descartarse que Rivas tenga en sus manos los elementos que demuestren sus afirmaciones. Pero mientras tanto, vale la pena preguntar ¿cómo es que un título de abogado –documento que habilita para ejercer la profesión y, en este caso, para integrar y hasta presidir el órgano que juzga a jueces y fiscales– se haya firmado en un auto y sin control real de los antecedentes académicos?
A esto se suma un dato que desafía la lógica más elemental. Según el certificado de estudios que obra en el expediente, Rivas habría rendido supuestamente ¡¡¡hasta seis materias en un solo día!!! Cualquier persona que haya cursado una carrera universitaria sabe que rendir seis exámenes finales el mismo día –con la preparación, el tiempo de evaluación y la recuperación física y mental que ello implica– es materialmente casi imposible, salvo que se posea el coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein y una capacidad sobrehumana de concentración y retención.
Categóricamente, nada en el perfil de Hernán Rivas, quien ha demostrado públicamente que le cuesta hilar una idea y leer fluidamente un texto, sugiere que se trate de un genio de esa magnitud. La afirmación del propio exdecano de que es “imposible” presentar varios exámenes en una misma fecha no es una opinión aislada: es el sentido común académico. Y el sentido común, cuando se ve sistemáticamente contradicho por documentos oficiales, genera una sospecha legítima que el juicio oral debe dilucidar con rigor.
Más allá del caso particular, lo que estos testimonios desnudan es la aparente existencia de una estructura –callada, permisiva, o directamente cómplice– que permite que el sistema de otorgamiento de títulos sea tan vulnerable.
Una universidad que cierra la carrera de Derecho por irregularidades en 2016 y, sin embargo, aparece otorgando títulos años después; autoridades que firman documentos sin verificar; un Ministerio de Educación y Ciencias que registra títulos en tiempos récord cuando el trámite ordinario demora meses; y un control institucional tan laxo que ni siquiera salta la alarma cuando un estudiante “aprueba” media docena de materias en 24 horas, hablan por sí solos.
Todo esto configura un escenario que muchos ya describen, con razón, como una verdadera mafia del título mau donde el pueblo percibe que el sistema está roto. Y cuando el sistema está roto, los privilegios de quienes tienen poder e influencia encuentran el camino fácil para obtener lo que no les corresponde, mientras el resto de la ciudadanía debe estudiar con esfuerzo durante años, rendir exámenes reales y cumplir con todos los requisitos, como corresponde, pese a lo cual los “guapitos” se llevan la delantera.
Este juicio no puede limitarse a la responsabilidad de un solo acusado. Debe servir como espejo para que el país mire de frente la fragilidad de sus controles académicos y registrales. Porque si un título de abogado puede firmarse en una camioneta, si seis materias pueden “rendirse” en un solo día sin que nadie se inmute, y si ese documento puede luego abrir las puertas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, entonces el problema no es solo de un hombre.
Es de un sistema que permitió, por acción u omisión, que la fe pública se diluya hasta casi desaparecer. La sociedad paraguaya tiene derecho a exigir respuestas claras, y la Justicia tiene en sus manos la posibilidad de dar un mensaje de no impunidad a algo tan grave como el “caso Rivas”. Cualquier otro camino sería una traición a las garantías constitucionales.