La ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Carolina Llanes se presenta ante la ciudadanía y ante sus pares como una figura comprometida con la independencia judicial, la modernización de la comunicación institucional y la lucha contra la “desinformación”. Impulsa políticas comunicacionales, organiza o participa en charlas magistrales sobre el valor de la independencia judicial y la implementación de estrategias para “fortalecer” la imagen del Poder Judicial, y se erige en defensora de un discurso de altura moral.
Hace más de dos décadas, cuando aún era jueza penal, afirmaba con claridad que el mayor desafío del Poder Judicial era transparentar los procesos, las actuaciones administrativas y las designaciones de magistrados y funcionarios. Sostenía que solo así se recuperaría la credibilidad ciudadana y que un Poder Judicial independiente debía despojarse de compromisos políticos. Hoy, esa misma voz ha cambiado de registro.
En lugar de abrir puertas y datos, concentra su energía en combatir lo que llama “ruidos mediáticos”, “discursos populistas y demagógicos” y “agendas fácticas”. Instiga a nuevos jueces y fiscales a no dejarse llevar por la prensa, como si el problema de la justicia fueran los periodistas y no la opacidad que, aparentemente, ella misma practica.
El contraste es brutal. Quien predicaba transparencia ahora responde a las denuncias con consignas contra los medios. Ataca a la prensa precisamente cuando esta cumple su función esencial: investigar, publicar y someter al escrutinio público a quienes detentan poder. Sin prensa libre no hay libertad de expresión ni derecho a la información. Sin esas libertades, la democracia se reduce a una fachada. La ministra parece olvidar que la prensa no es un enemigo a neutralizar, sino el único contrapeso real cuando las instituciones se cierran sobre sí mismas.
Mientras tanto, su trayectoria reciente aparenta revelar un entramado de privilegios familiares y un sistemático blindaje de información pública. Publicaciones recientes han documentado, con datos oficiales y declaraciones juradas, que su “primer anillo” –familiares y allegados– cobra del Poder Judicial y del Instituto de Previsión Social cifras que, sumadas, superan los G. 190 millones mensuales y alcanzan más de G. 2.474 millones al año.
Su hija, Jazmín Alba Rojas Vía Llanes, ostenta un cargo de confianza en la previsional con un ingreso cercano a los G. 7 millones mensuales. El IPS se negó a entregar información pública sobre ese nombramiento alegando “carácter confidencial” y exigiendo pedido por escrito, blindando así datos que deberían ser transparentes. O por lo menos, para los discursos de su madre.
La hermana, Nury Mabel Llanes Ocampos, dirige la dependencia de “Bienestar del Personal” del Poder Judicial y percibe más de G. 21 millones por ello. Claramente goza de un elevado bienestar. Dentro de su primer anillo también se ubican su sobrino Diego Molina Llanes como relator, Mirko Duré como comisionado (quien suma ingresos que superan los G. 35 millones), Fátima Portillo Ruiz como jefa de gabinete, y la relatora Carla Clari Medina (también “prestada” del IPS), quien ya formaba parte de su círculo cercano cuando Llanes trabajaba en el IPS y después en Senabico.
Según publicaciones, las declaraciones juradas de las relatoras cercanas a Llanes agravan el cuadro. Carla Clari Medina pasó de un patrimonio neto de aproximadamente G. 988 millones a más de G. 1.907 millones en poco tiempo, casi todo en cajas de ahorro, sin deudas, mientras declaraba egresos mensuales fijos de G. 90 millones contra ingresos de apenas G. 28 millones.
Marian Angélica Cattebeke, otra relatora VIP, vio su patrimonio saltar de G. 178 millones a más de G. 1.255 millones en 30 meses. La Contraloría General de la República abrió procesos de correspondencia de bienes. Mientras tanto, el hijo adolescente de 19 años de la jueza Dina Marchuk (protegida de Llanes) es nombrado como funcionario permanente con un sueldo de casi G. 2,9 millones.
Todo esto ocurre en el mismo Poder Judicial que la ministra pretende “blindar” mediante una política comunicacional que busca controlar la narrativa y desacreditar a quienes investigan estos privilegios. Llanes forma parte del grupo de ministros alineados al poder de turno. Organiza o protagoniza charlas sobre independencia judicial e implementación de políticas comunicacionales. Habla de fortalecer la capacidad institucional para brindar información fidedigna y combatir contenidos fragmentados o falsos. Pero cuando esa misma institución protege información pública sobre su propia hija, cuando tolera o se beneficia de un sistema de nepotismo que convierte al Estado en caja de resonancia familiar, y cuando responde a las denuncias con ataques a la prensa en lugar de proporcionar datos abiertos y explicaciones, el discurso se vuelve puro cinismo.
Un Poder Judicial que no se mira a sí mismo, que predica transparencia mientras blinda datos, que habla de desinformación mientras intenta controlar el relato sobre sus propias irregularidades, y que defiende la independencia mientras se arrodilla ante el poder de turno, no merece el respeto de la ciudadanía. Merece el escrutinio más riguroso. Y Carolina Llanes, protagonista central de este doble discurso, debe ser confrontada con sus propias contradicciones, no con reverencias. La República no puede seguir pagando el costo de magistrados que predican una cosa y practican la opuesta.