En principio, la “Justicia” paraguaya no es pronta ni barata. Empero, cuando el factor político entra en juego, sus actuaciones pueden acelerarse notablemente, en grave perjuicio de los desafectos al Gobierno de turno. En tal caso, la venda cae de los ojos de la diosa Astrea y su balanza pierde el equilibrio, con lo que se echa a perder la necesaria imparcialidad; en otros términos, se actúa según “la cara del cliente”. Hay fuertes indicios de que algo así está ocurriendo en casos que involucran a quienes han ejercido altos cargos públicos en los últimos años, sin pertenecer a la ANR o a su sector cartista.
El último lunes empezó el juicio oral en el que Miguel Prieto está acusado del delito de lesión de confianza, que habría cometido siendo intendente de Ciudad del Este al comprar alimentos para la población que no habrían sido distribuidos totalmente, según el Ministerio Público, lo que habría causado a la Municipalidad un daño patrimonial de casi tres mil millones de guaraníes. Por de pronto, su defensa pidió la inclusión de 56 testigos, excluidos en la audiencia preliminar por el juez Penal de Garantías Humberto Otazú. Vale recordar que la intendenta esteña Sandra McLeod de Zacarías nunca fue procesada, pese a su escandalosa gestión, y que Miguel Prieto dice hoy que apunta a la Presidencia de la República. No sería temerario suponer que se busca apartarlo de la carrera, mientras sigue inconclusa la investigación abierta hace un año al exintendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez, por el presunto desvío de nada menos que 512.000 millones de guaraníes.
El precandidato a la primera magistratura Arnoldo Wiens (ANR, abdista) sufre una experiencia similar a la de Miguel Prieto, en el caso del costoso y fallido metrobús, en el sentido de que la maquinaria judicial se acelera cuando interviene el interés político. Su antecesor como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona –quien reconoció públicamente su cuota de responsabilidad en la fallida obra– fue sobreseído porque no habría habido daño patrimonial alguno: los pagos equivalieron a la ejecución de las obras en alrededor del 40%. Arnoldo Wiens rescindió el contrato con la firma Mota-Engil y demolió las estaciones inútiles, en su momento fue rápidamente imputado y, así como van las cosas, no debería descartarse su condena.
Es sabido que el exministro del Interior y exjefe de la Secretaría Nacional Antidrogas Arnaldo Giuzzio no goza en absoluto de las simpatías del cartismo, razón por la que no debe sorprender que haya sido acusado de amenazar a los fiscales del juicio al que está sometido por el presunto delito de cohecho pasivo agravado, en beneficio de una firma ligada a un supuesto narcotraficante. La Fiscalía General del Estado pidió prestamente incluso el refuerzo de la seguridad en las audiencias. Según dijo el procesado, solo había ejercido su derecho a criticar la actuación de los fiscales alineados al poder, que así no estarían ante un peligro real. En verdad, da la impresión de que muchas veces también el Ministerio Público actúa o deja de actuar según las circunstancias políticas, por así decirlo.
Según la Constitución, el Estado debe garantizar, entre otras cosas, la igualdad para el acceso a la Justicia y la igualdad ante las leyes; esta última sirve de poco o nada cuando la otra es ignorada, porque los jueces y los fiscales dan la impresión de estar sometidos a los poderes político o económico. Utilizar la vara de la justicia como un garrote para los adversarios o convertirla en un salvavidas para los amigos, implica un alto grado de perversión, al que la ciudadanía no debe habituarse. Al control recíproco entre los poderes del Estado, debe sumarse el que la gente ejerza sobre los mismos, para evitar, por ejemplo, que en la residencia presidencial se repitan conciliábulos que permitan sugerir la sumisión de los más altos magistrados al “dueño de casa”.
Mientras los jueces y los fiscales sigan sometidos a los mandamases del momento, por cobardía, por comodidad o afán de lucro, el imperio de la justicia no será más que una quimera. Su solvencia moral e intelectual es imprescindible para que la Constitución y las leyes tengan vigencia efectiva: dar a cada uno lo suyo es condición necesaria para que reine la paz.