Hay crímenes que cambian de vestimenta, pero no de esencia. En los años de plomo, cuando el Paraguay se asfixiaba bajo el peso de una dictadura que convertía la disidencia en delito, a los opositores se les llamaba “subversivos” o “comunistas”. Bastaba esa palabra para justificar el secuestro, la tortura, el silenciamiento definitivo. Bastaba que una persona portara barba para ser considerado súbdito de Fidel Castro.
El objetivo no era solo eliminar a un hombre o a una mujer: era cortar de raíz el libre flujo de la información, sembrar el miedo para que nadie más se atreviera a hablar, a denunciar, a mirar de frente.
Hoy los métodos se han sofisticado. Ya no hacen falta sótanos ni picana. Bastan una agencia de fachada, un puñado de chips prepago comprados a nombre de terceros, una notebook conectada a una VPN y unos cuantos millones de guaraníes en pauta digital.
Se construye una red de páginas que no informan: envenenan. Se fabrican calumnias con inteligencia artificial, se viralizan mentiras pagadas y se apunta, con precisión quirúrgica, a periodistas, medios independientes, empresarios que denuncian corrupción y cualquier voz que se atreva a levantar la cabeza crítica.
El resultado es el mismo: amedrentar, desacreditar, desmotivar. Convertir el ejercicio del periodismo libre en un acto de riesgo personal y profesional. Hacer que el ciudadano dude de quien investiga y confíe en quien manipula. Antes se secuestraba el cuerpo; ahora se secuestra la reputación y se tortura la verdad con algoritmos y anuncios millonarios.
ABC Color ya conoció ese silencio forzado. Fue clausurado una vez por cinco años. Hoy, décadas después, la misma tentación vuelve a asomar, no con decretos oficiales, sino con una maquinaria de desinformación que intenta acallar no solo a un diario, sino a todo aquel que se niegue a ser cómplice del relato único.
Despierta Paraguay y las páginas que operaron con el mismo modus operandi –SIM cards compradas para el efecto, prestanombres, operaciones a distancia– no son un fenómeno espontáneo de redes sociales. Son el sicario de la era digital. El heredero actualizado de aquellos operadores que, en nombre de la “seguridad nacional”, perseguían a quienes pensaban distinto.
Pueden cambiar los instrumentos. Pueden cambiar los nombres. Pueden cambiar las oficinas de la calle Chile a la calle O’Leary o simplemente a servidores en la nube. Pero el esquema es idéntico: silenciar el libre flujo de la información. Porque quien controla el relato controla el miedo. Y quien controla el miedo controla, en buena medida, el destino de una sociedad.
El perjuicio, sin embargo, no se agota en el periodista calumniado, en el medio hostigado o en el empresario difamado. El verdadero damnificado es la ciudadanía entera. Cuando se envenena el pozo de la información pública, se le roba al pueblo la posibilidad de formarse un juicio propio.
Se le condena a vivir en una realidad distorsionada, donde la mentira pautada compite en igualdad de condiciones con el dato verificado, y donde el ruido organizado termina por ahogar la voz de quien investiga.
En la dictadura se perseguía al “subversivo” para proteger un orden que no admitía preguntas. Hoy se persigue al periodista crítico y al denunciante de corrupción con la misma lógica: proteger un poder que prefiere la oscuridad a la transparencia.
Antes se usaba la fuerza bruta del Estado. Ahora se usa la fuerza bruta del dinero y de empresas de fachada ligadas al poder de turno y al parecer creadas, precisamente, para desinformar y desmotivar.
No es progreso. No “estamos mejor”. Es continuidad con otros medios. Es la misma intolerancia disfrazada de modernidad digital. Y mientras no se investigue hasta el último centavo, hasta el último vínculo, hasta el último operador que diseñó y financió esta red, el fantasma de los subversivos seguirá caminando por las calles de Asunción, solo que ahora viste traje de agencia de publicidad y habla el idioma de los algoritmos.
La democracia no se defiende solo con elecciones. Se defiende cada día protegiendo el derecho a saber, a denunciar y a disentir sin temor a ser destruido por una campaña de odio pagada. Cuando se permite que el sicario digital opere con impunidad, no se está protegiendo al poder: se está traicionando a la ciudadanía.
Los métodos cambian. El esquema de silenciar voces, no. Y mientras ese esquema siga vivo, la libertad de expresión seguirá siendo, para muchos, un derecho a medias: el derecho a hablar… siempre que no moleste demasiado.