Tres sindicatos de la Municipalidad de Asunción insisten en que la Junta Municipal apruebe a las apuradas un contrato colectivo acordado entre gallos y media noche con el intendente Luis Bello (ANR). Amenazan con movilizaciones, huelga por tiempo indefinido y “voto castigo” en los próximos comicios del 4 de octubre. El candidato colorado, Camilo Pérez, aclaró en ABC TV que no se siente “cómodo” con la situación y que no está de acuerdo con la forma. Hace bien en despegarse y dejar sentada su postura, pero no es suficiente. Este es el momento en que todos los postulantes deben demostrar sin ambigüedades si van a defender a los asunceños o a la clientela.
Camilo Pérez dijo que la aparición de un nuevo contrato colectivo en las puertas de las elecciones es “hasta una falta de respeto” hacia él y hacia todos los candidatos, y que le habría gustado poder sentarse con sus asesores y los representantes de los funcionarios para analizar los pros y los contras. Sin embargo, tendrá que ratificarlo en los hechos, no en las simples palabras. Finalmente, ha sido un colorado oficialista el que ha propiciado el desaguisado. Si esto llega a aprobarse, será responsabilidad de su partido y de su corriente política. Es él, antes que nadie, quien debe impedirlo si es que quiere enviar una señal creíble de cuál será el tenor de la gestión que está prometiendo a la ciudadanía.
Contra viento y marea, el documento fue admitido formalmente para su consideración por la Junta Municipal en la sesión extraordinaria del último viernes y existe el rumor de que, si bien no figura en el orden del día, el documento recibiría un tratamiento exprés y sería aprobado sin debate por la mayoría oficialista en la sesión ordinaria prevista para hoy. Si esto se materializa, el electorado debe saber que todo lo que dijo Camilo Pérez cae en saco roto.
El convenio se hizo totalmente a espaldas de los contribuyentes asuncenos, al punto de que su contenido no se conoció sino hasta hace muy poco. Hoy se sabe que incluye un cúmulo de bonificaciones extraordinarias, por antigüedad, por título, hasta por asistencia y puntualidad, además de fuertes incrementos en subsidios de salud y otros, que solo en pagos por antigüedad y títulos tienen un costo anual estimado de por lo menos 2,2 millones de dólares a ser agregados al gasto corriente en personal de las maltrechas finanzas municipales.
El período de gobierno que fenece en la Municipalidad de Asunción, iniciado por el destituido Óscar “Nenecho” Rodríguez y continuado por Luis Bello, ambos cartistas, al igual que Camilo Pérez, la ha dejado en virtual quiebra técnica y cesación de pagos. Durante la gestión de Nenecho se emitieron bonos por 512.000 millones de guaraníes “exclusivamente para obras”, pero se licuaron ilegalmente en gastos corrientes, como lo constató la intervención encabezada por el también colorado Carlos Pereira. Actualmente la relación entre gastos en salarios y obras es de 8 a 1 y se acumulan vencimientos no honrados por 107.838 millones de guaraníes con tomadores de bonos en la plaza local.
Asunción tiene más de 9.000 funcionarios, uno por cada 50 vecinos, muchos más que cualquier otra capital de la región. Buenos Aires tiene uno por cada 156 vecinos, Montevideo uno por cada 154, Brasilia uno por cada 150, Santiago de Chile uno por cada 133, La Paz uno por cada 125, y ni hablar Lima, con uno por cada 833.
Es obvio que tiene que haber una depuración y un ajuste, difícil tarea que le tocará indefectiblemente a quien salga ganador de las urnas el próximo domingo, porque la situación es insostenible. Agregar presión financiera, en vez de aliviarla, a días de las elecciones, es un despropósito. La municipalidad no es ni debe ser un ente de beneficencia ni de prebendarismo, sino una institución dedicada a mejorar la ciudad y a prestar servicios de calidad a quienes pagan por ello, que son sus habitantes.
Todos los que se presentan a elecciones, para el cargo que sea, piden el voto de la gente y prometen poner siempre a la ciudadanía en primer lugar, pero, a la hora la verdad, como queda visto, muchos traicionan la confianza que se depositó en ellos. Si se aprueba este convenio colectivo, ese será el caso. Puede que les preocupe el potencial voto castigo de 9.000 funcionarios, pero más debería preocuparles el de los 452.283 electores inscriptos en la capital.