A medida que pasan los días, crece la necesidad de que el ministro del Interior, Enrique Riera, informe en qué parte del país la gente vive tranquila y que la inseguridad que se denuncia día a día es solo una percepción. Porque las noticias que brotan de todas partes hablan de lo contrario: asaltos, robos, chespiceros, enfrentamientos callejeros y sicariatos que hacen a la vida diaria en Asunción y ciudades del interior. El hecho de vivir rodeados de privilegios que dan los cargos públicos no debe ser un impedimento para la falta de empatía con el ciudadano de a pie.
Solamente en los últimos días se produjeron episodios diversos de los cuales se pueden extraer por lo menos algunos graves casos que deberían inducir al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a esforzarse mucho más para prever y reprimir los cada vez más frecuentes ataques a la vida, la libertad o los bienes de las personas. En Pedro Juan Caballero, la ciudad con el mayor índice de violencia del país, una brasileña fue ultimada a tiros de fusil por una banda que secuestró a su pareja y compatriota, que era un narcotraficante prófugo de la Justicia de su país. Al mismo tiempo, en Ciudad del Este, un turista de igual nacionalidad fue baleado en el muslo por motoasaltantes, en un lugar muy transitado, a poca distancia de la frontera. Los delincuentes lograron huir, pese a la presencia policial en las inmediaciones.
En Asunción, bandas de jóvenes armados se enfrentaron a tiros, causando zozobra entre vecinos del Barrio Obrero. La conmoción que armaron fue enorme, según pudo verse en las filmaciones. Los hechos referidos dan muestras de la violencia reinante en el país, lo que está lejos de ser una simple percepción. De modo que el ministro Riera debería dedicarse a conocer lo que realmente ocurre en el ámbito de su responsabilidad y no querer congraciarse presentando a su jefe una versión que está lejos de responder a la realidad.
Desde luego, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público deben actuar con rigor y celeridad, lo que presupone que sus cuadros sean sometidos a un permanente control interno. Además de los proverbiales “polibandis”, que no solo cooperan con delincuentes, la agente fiscal María Angélica Acosta está siendo procesada por el delito de cohecho pasivo agravado que habría cometido en Alberdi. En abril de este año, el intendente de Mayor Martínez, Roberto Arce (ANR), fue sorprendido teniendo en su poder los cuatro tomos de una investigación fiscal sobre narcotráfico, que lo afectaba; los habría comprado por 120.000 dólares de una persona ligada a una asistente fiscal. Todo esto indica que la delincuencia no abarca solo a quienes la protagonizan sino también a quienes deben combatirla.
En consecuencia, la problemática delictiva debe ser encarada atendiendo no solo el castigo de acuerdo a la ley, sino también su prevención, en la que también debe intervenir la sociedad civil, denunciando responsablemente los hechos punibles cometidos o planeados. La población tiene derecho a vivir en paz, sin temor a los asaltos ni a los tiroteos, entre otros fenómenos delictivos a los que no debería habituarse. Como no se está haciendo lo bastante para prevenirlos o castigarlos, la ciudadanía debería instar a que las autoridades competentes hagan lo que deben, comenzando por el ministro del Interior, quien parece desconocer lo que ocurre en el país.
Por el bien de todos, el Paraguay no debe volverse un país en el que impere la ley del más fuerte: basta y sobra con el daño causado por la corrupción atroz, como para tener que soportar además una barbarie cotidiana. No es mucho pedir, si algo valen la vida, la libertad y los bienes de los habitantes para quienes fueron electos o designados para protegerlos.