En estos días han estado desfilando por la Comisión Bicameral de Presupuesto los titulares de ministerios y de distintos entes públicos para “defender” sus respectivas asignaciones en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, cuando no para pedir, o peor, negociar directamente más recursos con los parlamentarios. Hasta el momento no ha habido un solo caso en que se reduzca el monto presupuestado, ni siquiera mínimamente, lo que lleva a la pregunta de cómo piensa hacer el Gobierno para saldar sus deudas vencidas y cumplir los nuevos compromisos fiscales asumidos ante organismos multilaterales, calificadoras de riesgo, y ante toda la ciudadanía, inversores y actores económicos.
“Es un ajuste, no un aumento”, declaró el ministro de Defensa, Óscar González, para justificar un incremento de 60 millones de dólares, de un total de 488 millones, 14% más que el presupuesto vigente. El problema con ello es que, dada la crisis en la que ha caído la administración pública, efectivamente se esperaba un fuerte ajuste para el año que viene, pero para abajo, no para arriba.
Sin embargo, en prácticamente todos los entes hay mayores asignaciones y, casi sin excepción, son primordialmente para aumentar el costo de la burocracia. Tomando el ejemplo del Ministerio de Defensa, al margen de que el supuesto “ajuste” es cinco veces mayor a la inflación proyectada, el ministro asegura que el dinero es para sostener la logística y los servicios operativos en nuevas zonas de cobertura militar, pero en realidad se prevé un crecimiento de 16% en el rubro de personal, lo que equivale a 55 millones de dólares, casi la totalidad del aumento presupuestario.
Este dista de ser un caso aislado. El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, dijo que inicialmente se preveía un aumento del 2,4% en el presupuesto del año que viene y se jactó de haber estrechado sus previsiones. No obstante, se incluye un extra de 30 millones de dólares para reajustes salariales generalizados, pese a que en la última prueba PISA Paraguay salió entre los países con peor rendimiento escolar del mundo.
Por mencionar otros entes que concurrieron a la Comisión Bicameral, el Ministerio de Agricultura y Ganadería prevé un incremento del 2% y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, una inyección adicional del 15%, prácticamente todo destinado a servicios personales.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia recibe en el proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo un aumento de casi 10%, equivalente a 25 millones de dólares, pero el actual presidente, Alberto Martínez Simón, solicitó a la Comisión Bicameral 57,2 millones de dólares más, propuesta que contempla aumentos salariales para 8.043 funcionarios y la creación de casi mil nuevos cargos.
Entretanto, el Ministerio Público fue beneficiado con un muy significativo incremento del 30% en el proyecto remitido por el Ministerio de Economía, de 96 a 127 millones de dólares, pero el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, como si nada pidió a la Comisión Bicameral 72 millones de dólares más.
Mención aparte para los ministros del Gobierno central que hicieron a la Comisión pedidos unilaterales de incrementos presupuestarios, algo que es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional y que denota una falta de firmeza y liderazgo por parte de Santiago Peña. De acuerdo con la Constitución paraguaya, el único ciudadano que ejerce el Poder Ejecutivo, de manera unipersonal, es el Presidente de la República. Los ministros son sus secretarios, en quienes delega funciones, pero no autoridad. Si el Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, firma y remite al Congreso un proyecto de Presupuesto, mal pueden sus secretarios desautorizarlo.
Pero es exactamente eso lo que ocurre. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien ya recibió en su presupuesto un aumento de 14 millones de dólares por parte del Ejecutivo (15,5%), fue a la Bicameral y pidió 14 millones de dólares más, supuestamente porque se previó un aumento salarial, pero se recortaron las inversiones físicas y se necesita más espacio en las cárceles.
Asimismo, el ministro del Interior, Enrique Riera, acudió a la Comisión con colaboradores para hacer toda una presentación y pedir 6 millones de dólares más, según dijo, para modernizar el servicio 911 y mejorar la red de radios policiales. Es a su jefe y superior, Santiago Peña, a quien debió hacerle la exposición e intentar convencerlo, no al Congreso.
Se proyecta que el fisco cierre este año con un déficit del 3,2% del PIB, más del doble de lo prometido para 2026 por la administración Peña al iniciar su mandato. Según el nuevo cronograma, en 2027 se podrá elevar ese saldo rojo al 3,9% del PIB, pero con la cancelación total de las deudas vencidas con proveedores y contratistas, que todavía suman alrededor de 1.000 millones de dólares. Ya con las cuentas saneadas y al día, el plan es retornar al tope de 1,5% del PIB de la ley de responsabilidad fiscal en 2028. Si se elevan los gastos, en vez de recortarlos, estas metas son de cumplimiento imposible.