Mientras los integrantes de la Justicia Electoral ya pactan los cargos que ocuparán en el año 2017, la Fiscalía continúa demorando el proceso de investigación sobre las graves acusaciones de corrupción que pesan en contra de las altas autoridades electorales.
En octubre del año pasado saltaron las primeras irregularidades en que se involucra al ministro Ramírez Z. (PLRA) y dos meses después la Fiscalía le imputó por inducción a un subordinado a cometer hechos punibles, en el caso de “planilleros”. Además, bajo el cargo de ser cómplice por cobro indebido de honorarios y uso de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso fue imputado Manuel Radice.
La esposa de Radice, Clara Haydée Silveira Arza; su suegra Ana Catalina Arza y su cuñada Gloria María Paz Silveira Arza también fueron imputadas por cobro indebido de honorarios. Igualmente, Maira Abdo Benítez (hermana del senador colorado disidente), hija de Ruth “Manon” Benítez.
Bestard, Ramírez y Wapenka habrían cobrado viáticos por viajes fantasmas (inexistentes). El TSJE reconoció que hubo fraude en los pagos de viáticos del 2015. Se pagaron trabajos fantasma en días laborales no hábiles, reuniones de ministros en el interior cuando en realidad se encontraban en el extranjero, viajes de funcionarias que se encontraban con permiso de maternidad.
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Asimismo, se abonaron viáticos por giras en el interior a funcionarios que estaban trabajando en sede central, remuneraciones de viáticos en mes de vacaciones, es decir cuando el funcionariado en general se encontraba fuera de las oficinas.
También fueron citados 25 funcionarios por el caso de viáticos. A esto se suma el de las domésticas de Wapenka Ilda Bordón y Ursulina Vera, quienes cobraban salario del TSJE. Los agentes fiscales solo solicitan informes a la Justicia Electoral, pero no imputan pese a las pruebas.