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La Contraloría General de la República remitió un solo dictamen de correspondencia de bienes sobre la declaración jurada de los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos solicitado por la Cámara de Diputados en marzo de 2014.
El pedido de correspondencia patrimonial de los funcionarios, asistentes fiscales y agentes fiscales del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) de los últimos cinco años se aprobó mediante un proyecto de resolución en la Cámara Baja en el 2014. Sin embargo, el ente contralor remitió recién en mayo de este año un dictamen de correspondencia patrimonial, específicamente el del fiscal adjunto de la UDEA, Federico Espinoza.
A finales de mayo del 2014, la Fiscalía General de la República remitió al ente contralor el listado de nombres y datos patrimoniales de funcionarios que en los últimos 5 años se encontraban prestando servicios en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Dicho informe correspondía a 214 funcionarios y 12 fiscales de dicha dependencia investigativa.
“Solo en día hábil”
Roy Roger, contralor general de la República, al ser consultado ayer por nuestro diario, manifestó que desconocía los datos por no contar con los documentos y sugirió que sea consultado en “días hábiles” para precisar la información.
Antecedentes
El pedido de informe sobre los bienes patrimoniales de los agentes fiscales fue realizado en marzo del 2014 en la Cámara Baja, coincidentemente tras la ola de imputaciones contra diputados, entre ellos José María Ibáñez, quien fue procesado por los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios. El legislador ubicó a tres de sus trabajadores domésticos como funcionarios contratados de la Cámara de Diputados con sueldo de G. 2.500.000 cada uno.
En la exposición de motivos, los legisladores aseguran que algunos de los agentes del Ministerio Público de ese entonces manosean a las personas con las persecuciones más viles “por el prurito de la fama, el vedettismo y la figuración”.
La actitud de los parlamentarios fue interpretada como una “vendetta y persecución” a los fiscales de Delitos Económicos. Incluso solicitaron informes a más de 20 instituciones que tenían datos sobre los citados agentes fiscales.