La Fiscalía de Ciudad del Este siempre se ha caracterizado por un alto nivel de corrupción, en el que se negocian causas o se utiliza a la institución como garrote contra quienes se atreven a enfrentar a políticos o sectores de poder. Nadie debería asombrarse por lo que digo, pues esta práctica no es novedad y como ejemplo tenemos incontables casos.
Una rosca que implementó el esquema de cobro de los famosos “maletines” opera en la región desde hace años. Uno de los primeros sindicados en supuestamente favorecerse del cobro de coimas fue el entonces fiscal general adjunto Hugo Velázquez (ANR), hoy vicepresidente de la República y declarado por los Estados Unidos como “significativamente corrupto”.
Fueron varios los hombres que posteriormente ocuparon ese cargo en esta zona del país, siempre con la promesa de cambiar la imagen y recuperar la confianza de la sociedad, pero terminan adhiriéndose al esquema. Esto ha permitido que actividades ilegales como el contrabando, la falsificación, delitos ambientales, el narcotráfico, el crimen organizado y otros sigan gozando de total protección e impunidad.
La fiscalía puede considerarse una cueva de delincuentes bien vestidos y con apariencia respetable, que han prostituido su rol ante la sociedad; a excepción de unos pocos fiscales y funcionarios que no se tomarán por aludidos, porque su integridad y su buena reputación los avalan.
Con la llegada del adjunto Jorge Sosa se han renovado esos compromisos de combate a la corrupción pero, a diferencia de años anteriores, ya no hay expectativas de grandes cambios. Sin embargo, se espera que la intención de transformar el Ministerio Público en una institución honorable sea real.
El inicio de sumarios a funcionarios con denuncias de deslealtad o supuesto enriquecimiento ilícito, la intervención en causas con actuaciones cuestionadas por parte de fiscales, son algunos de los indicios que significarán apertura a una nueva era en la Fiscalía de Ciudad del Este.