El fiscal general, Javier Díaz Verón, detalló el esquema de las “empresas de fachada”, montadas para remesar dinero al exterior a finales de 2010, 2011 y comienzos de 2012, a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, que en su momento fueron sancionados por el Banco Central del Paraguay por el incumplimiento de las normas antilavado.
“Se trata de un hecho que empezamos a investigar en diciembre del 2011 como consecuencia de una denuncia por producción de documentos no auténticos vinculados en ese momento con la casa de Cambios Forex, sucursal de Ciudad del Este”, señaló el titular del Ministerio Público durante una conferencia de prensa que se realizó el miércoles pasado.
Díaz Verón señaló que en la causa investigada fueron imputados 18 funcionarios de los bancos por lavado de dinero. “Son funcionarios de 4 entes bancarios, quienes están siendo indagados por el Ministerio Público, que ya cuenta con suficientes elementos de sospecha. Estas se fundan en sumas movilizadas a través de los bancos. El dinero provendría de la comercialización de productos falsificados, contrabando, narcotráfico, así como de actividades de miembros de una sociedad criminal”, enfatizó.
Por otro lado, el fiscal adjunto de Alto Paraná, Vera, quien coordinó los trabajos, manifestó: “Fue un gran desafío, especialmente para el área donde estoy como encargado, que es Ciudad del Este. Esta es una causa compleja que nos llevó mucho tiempo investigar, por lo que tuvimos que contratar una serie de profesionales técnicos y peritos contables. El equipo que conformamos fue bastante importante, porque pudimos llegar a esta conclusión de presentar una imputación formal en contra de varias personas”.
La fiscal Juliana Giménez explicó de manera precisa el mecanismo con que los imputados presuntamente habrían cometido el ilícito, y el grado de responsabilidad de cada uno de ellos.
Señaló que fueron procesados 6 funcionarios del banco Sudameris, identificados como María Monserrat Pavetti González (ejecutiva de Cuentas), Rubén David Zachar Peralta (supervisor de Servicio), Juan Luis Garay Espínola (supervisor de Servicio), Mario Augusto Narváez Martínez (gerente de sucursal), Andrea Lorena Rodríguez Massi (gerente de sucursal) y Arnaldo Darío Largo González (oficial de Cumplimiento).
Cuatro empleadas del Banco Regional SAECA también fueron imputadas. Ellas son Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate González (oficial de Ventas), Erica Bettina Werner Schmidt (gerente de Cumplimiento) y Carmen Noelia Pino Penayo (gerente de sucursal).
Además están enfrentando un proceso penal 3 funcionarios del banco Continental, identificados como Lauro Domingo López Chaparro (oficial de Cuentas), Rodrigo Martín Riveros (gerente, encargado de Cumplimiento) y Raúl Alberto Reyes Rivas (oficial de Cumplimiento).
Igualmente fueron procesados los empleados del BBVA Paraguay SA Félix Enrique Vera Ramírez (gestor de Negocios), Natalia Vanessa Gill Estigarribia (gestor de Negocios), Pedro Fabio Rivas Rodríguez (gestor de Negocios, luego gerente de sucursal, encargado de cumplimiento), Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel (oficial de Cumplimiento).
Según los antecedentes, el Ministerio Público comenzó su investigación en el año 2011, con una denuncia por producción de documentos no auténticos, y, a partir de ese momento se realizaron una serie de diligencias, como allanamientos, en los cuales se hallaron varias documentaciones referentes a entidades bancarias y transferencias a una casa de cambio. En ese mismo periodo de tiempo fueron detectadas otras causas, también de la misma línea, que se hicieron a raíz de un Ros (Return On Sales, por sus siglas en inglés) que habría reportado Seprelad, por lo que se unificó la causa y se conformó un equipo de fiscales, encabezados por el adjunto del Área X, Alejo Vera.
Los encargados de indagar descubrieron 10 empresas supuestamente de fachada, manejadas presuntamente por Felipe Ramón Duarte y Tai Wu Tung (prófugo) quienes manejaban un esquema en el cual estaban como socios o propietarios y accionistas de las firmas.
En la misma línea de la investigación, ya se encuentras imputadas 22 personas, 12 de ellas sometidas a procesos, 8 acusadas y 1 que deberá enfrentar juicio oral y público, como es el caso de Sady Elizabeth Carísimo. Esta era presidenta de la firma ficticia Strong que fue la que más dinero envió al exterior a través de los bancos para el supuesto pago por mercaderías.
Las empresas de fachada y el esquema
En diciembre de 2012, luego de un año de haberse denunciado el hecho, la fiscalía imputó a Felipe Ramón Duarte Villalba, Tai Wu Tung, Sady Elizabeth Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán, Nilsa Stella Romero de Duarte, Zulma Catalina Duarte Villalba, Liz Rosana Barboza, Víctor Andrés Lara Barboza, Blásida Myrian Álvarez Gallardo y Óscar Vicente Céspedes Fernández.
Los encausados habrían creado personas jurídicas o firmas con el fin de facilitar la realización de transacciones o remesado de divisas al extranjero, habilitando cuentas corrientes en los bancos de plaza de Ciudad de Este y agencias de Hernandarias, tales como BBVA, Sudameris, Regional y Continental. Las sumas de dinero fueron remesadas al exterior a través de las cuentas habilitadas en los citados bancos y con el fin de justificar las remesas habrían utilizado facturas proformas de supuestos proveedores; y en cuanto al origen de la suma a ser remesada, presentaban declaraciones juradas de IVA e Iracis adulteradas, según la investigación de la fiscalía.
Las firmas ficticias Strong, Muñe, Manhattan, MH Electrónica, Braex Import Expor, American, Ninfaplus, y otros, habrían sido creadas con el fin de ocultar el origen del dinero remitido al exterior y la identidad de las personas. Así se constituyó el ropaje legal de las transacciones, pues todo lo remesado al extranjero, ante las normativas relativas a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, debía hallarse justificado. Es decir, el dinero debía encontrarse debidamente respaldado en cuanto a su origen legal.
Según los antecedentes, el 2 de noviembre de 2011, en forma sorpresiva, se presentó ante la Superintendencia de Bancos del BCP una exempleada de Forex. La misma denunció que la casa de cambios hacía un gran volumen de operaciones y alertó sobre importante envío de dólares al exterior para el supuesto pago a proveedores de mercaderías. Afirmó que las operaciones fueron hechas por la sucursal de Forex Paraguay, de Ciudad del Este, ubicada en el Shopping Internacional.
Las operaciones habrían sido efectuadas fuera de la contabilidad general de Forex y canalizadas a través de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental. Se utilizaba a las empresas ficticias Strong, Braex, Manhattan, Muñe, MH Electrónica y American, entre otras.
La mujer refirió que las empresas de portafolio están vinculadas entre sí y habrían sido creadas por el contador Felipe Ramón Duarte, a través de su consultora Manager.
La denunciante explicó que los bancos solo compran reales de clientes importadores y exportadores que están debidamente registrados y cuyo perfil de cliente haya sido aprobado por el oficial de cuentas de cada entidad, gerente de riesgos y el oficial de cumplimiento.
Aquí surge la figura de Duarte, quien se habría encargado de constituir las empresas supuestamente importadoras o exportadoras a través de su estudio contable Manager Consultoría. Duarte luego hacía habilitar a cada firma cuentas corrientes en los bancos del sistema financiero con el perfil adecuado para justificar el flujo de reales supuestamente generado por la venta de productos a “sacoleiros” y compradores brasileños.
Toda esta situación fue corroborada por la fiscalía durante la investigación penal.
Se remesaron más de US$ 500 millones
Los imputados, según el Ministerio Público, están vinculados a los bancos BBVA, Regional, Sudameris y Continental. La fiscal Juliana Giménez señaló durante la conferencia de prensa de la semana pasada que el monto de la transferencia al exterior es de US$ 503.512.242, a través de un total de 8.832 operaciones.
La agente del Ministerio Público detalló que las firmas ficticias enviaron al exterior a través del Sudameris más de 234 millones de dólares, mediante 4.015 operaciones ilegales; por medio del Regional enviaron más de 111 millones de dólares a través de 2.294 operaciones al margen de las normas antilavado; a través del BBVA más de 129 millones de dólares y un total de 1.855 operaciones; por medio del Continental más de US$ 27 millones, mediante 668 operaciones.
El Ministerio Público apuntó que quedó corroborado que parte de ese dinero es producto de la falsificación, el contrabando, el narcotráfico y otros hechos punibles. Agrega que se remitieron a diferentes países del mundo.
“Con respecto a la presentación del invoice Nº 668791 (presentado por Sady Carísimo, presidente de la firma ficticia Strong y acusada) con membrete de Mauricio Imp. Exp. Ltda. realizada el 16 de setiembre de 2010, el cual fue acompañado a la solicitud de transferencia de US$ 30.000 dirigida al banco Regional, se puede afirmar que el documento no proviene de dicha firma, pues de acuerdo al informe remitido por el Gobierno de la República de Chile (agregado a fs. 2872 a 2889 del tomo XIV del cuaderno de investigación fiscal), la empresa chilena Mauricio Import Export no realizó exportaciones a la República del Paraguay, por tanto no ha emitido el invoice presentado por la acusada ante la entidad bancaria”, dice la acusación, que confirmó varios hechos similares.
“En cuanto a las demás facturas proforma presentadas por la acusada ante los bancos, también se encuentra acreditado que las mismas no provienen de las personas que figuran como sus emisoras, dado que a partir de la confrontación de los extractos de la cuenta corriente de Strong SA (abierta en dicho banco) con la planilla de importación remitida junto con el informe de la Dirección Nacional de Aduanas, queda revelado que no existen registros de compras de mercaderías provenientes de Emiratos Árabes, Islas Caimán, Pakistán y Macao. Sin embargo, varias fueron las transferencias con destino a dichos países (todos estos documentos obran en informe de Aduanas)”, apunta la acusación contra Carísimo.
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