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En junio de 2020 se inició la causa N°74/2020 caratulada “Investigación s/supuesto hecho punible de lesión de confianza y otros” contra el entonces intendente de Minga Guazú, Digno Caballero Ruiz (ANR), tras ser denunciado por supuestos millonarios faltantes en la Municipalidad.
La denuncia de los concejales disidentes indica un presunto faltante de G. 116 millones en la cuenta de royalties y otro supuesto faltante de G. 72 millones en el rubro de juegos de azar, en el primer cuatrimestre de 2020. Además, de una supuesta malversación de G. 690 millones de los recursos de royalties.
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Los denunciantes también comunicaron a la Fiscalía que la Municipalidad transfirió G. 412 millones a comisiones vecinales sin conocerse la contraprestación. La Comisión de Instancia Territorial es una de las beneficiadas con el dinero público y en su rendición presentó factura de carga de combustible de TyF SA, que resultó ser una empresa de la familia Caballero Ruiz.
Igualmente se informó a la Fiscalía que Caballero Ruiz había otorgado nueve contratos por valor de G. 1.417 millones a la empresa Po Kuarahy Rese SA, para la compra de piedras basálticas; sin embargo, no se evidencia de la provisión de las rocas.
Descubrimiento del negocio familiar
Luego de la primera denuncia, la Contraloría General de la República divulgó las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos y así se descubrió que Caballero Ruiz beneficiaba con millonarios contratos a dos empresas pertenecientes a su esposa, la entonces diputada Vargas de Caballero.
En octubre de 2020, los concejales ampliaron la denuncia e incluyeron a Vargas de Caballero, quien figuraba como copropietaria de TyF SA, Dimafre SA y Po Kuarahy Rese SA. Estas dos últimas empresas se beneficiaron de forma directa con millonarios contratos en la Comuna minguera.
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Po Kuarahy Rese SA se alzó con 15 contratos municipales por un valor de G. 3.060 millones para la provisión de piedras y construcción de empedrado. En tanto Dimafre SA se quedó con 19 contratos por un monto global de G. 2.026 millones por obras de empedrado, suministro de equipos informáticos, pupitres, productos de limpieza, entre otros.
Tras hacerse público el negocio familiar en la Municipalidad, Vargas de Caballero rectificó su declaración jurada de bienes y suprimió las tres empresas del documento.
Otras denuncias
En octubre de 2021, los concejales nuevamente ampliaron la denuncia y comunicaron a la Fiscalía un supuesto faltante de G. 1.088 millones y por regalar un valioso inmueble municipal a un club gerenciado por dos ediles aliados.
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La investigación estaba a cargo del fiscal Francisco Cabrera y hasta el momento no hay resultado, pese a que ya pasaron tres años de las primeras denuncias.
En abril de 2022, el actual intendente Diego Ríos (YoCreo) a su vez denunció a su antecesor Caballero Ruiz por un presunto faltante de más de G. 1.000 millones, en el ejercicio fiscal de 2019.