La resolución fue firmada por los ministros de la máxima instancia judicial Manuel Dejesús Ramírez Candia, Alberto Martínez y Eugenio Jiménez Rolón. El proceso penal, que está en la etapa de audiencia preliminar, involucra a Miguel Prieto y otras diez personas.
En la recusación, la defensa de Prieto alegó que los jueces del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi, resolvieron dos casos sustancialmente idénticos en sentidos frontalmente opuestos, sin justificación expresa y legal del cambio radical de criterio.
Miguel Prieto fue hospitalizado a causa de un pacú a la parrilla
Los camaristas, por su parte, alegaron que las causas comparadas son totalmente diferentes, sobre todo en cuanto al monto de dinero que se habría desviado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Sin embargo, para la Sala Penal de la Corte, el motivo invocado por el recusante no fue debidamente acreditado. Afirmó que las recusaciones no pueden ser utilizadas para que las partes elijan a jueces o para que los separen cuando no estén de acuerdo con aquellos que les haya correspondido juzgar, sino para aquellos casos en los que la imparcialidad del órgano jurisdiccional pueda verse seriamente comprometida por las causales taxativamente enumeradas en la ley.
Antecedentes de la causa
La causa en la cual Prieto obtuvo el revés judicial se relaciona con un proceso penal por un supuesto esquema de compra ficticia de alimentos por G. 306 millones durante la pandemia. En el marco del proceso están acusadas otras diez personas.
A Prieto y a Francisco Arrúa Álvarez, entonces director de Administración y Finanzas de la Municipalidad, se les atribuyen los delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en calidad de autores.
Miguel Prieto dice que el cartismo lo persigue por no dilapidar plata pública
La lista de acusados igualmente está integrada por Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Servicios Generales (firma contratada); Emili Vanessa Florentín Páez y Robert Osmar Florentín Silvero, ambos accionistas de la empresa Vaneni SA, que figura como subcontratada para la provisión de alimentos.
También están acusados Maggi Farinha Almada, excoordinadora de la UOC (Unidad Operativa de Contrataciones); Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal municipal; y Alex Yamal Samhat González, jefe de la planta procesadora de alimentos de la Comuna. Además de Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago; y Nelson Segovia Acevedo, tesorero de la Municipalidad.
Los nueve últimos son acusados como supuestos cómplices en los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que por el delito de asociación criminal están apuntados como presuntos autores.