El requerimiento conclusivo fue presentado por la fiscal Vivian Andrea Coronel, en el marco de la investigación relacionada con el fallecimiento del menor en Ciudad del Este, quien habría sido víctima de acoso escolar en la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná. Asimismo, la representante del Ministerio Público pidió la elevación de la causa a juicio oral.
De acuerdo con la acusación, la docente, en su carácter de profesora guía del alumno, habría omitido cumplir las obligaciones establecidas en la Ley N° 4633/12 y, especialmente, en el Protocolo de Atención en Instituciones Educativas para Casos de Violencia entre Pares y/o Acoso Escolar, aprobado por la Resolución N.° 8353/12 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Pese a tener conocimiento de reiteradas situaciones de acoso que afectaban al estudiante, no habría activado el protocolo correspondiente.
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En ese sentido, la acusada no habría comunicado los hechos a la dirección de la institución ni a las autoridades competentes del MEC. Tampoco habría elaborado el informe técnico correspondiente ni aplicado los indicadores previstos en el protocolo.
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Además, presuntamente no adoptó medidas urgentes de protección, no implementó acciones de intervención ni realizó el seguimiento formal del caso. Estas omisiones, según la acusación, impidieron la activación del sistema institucional de protección previsto para situaciones de violencia entre pares.
Autopsia psicológica
Como parte de las diligencias investigativas, la fiscal Vivian Coronel dispuso la realización de una autopsia psicológica, una herramienta técnico-científica que permitió reconstruir el estado emocional, conductual y psicosocial de la víctima durante el período previo a su fallecimiento.
Mediante esta técnica especializada fue posible identificar indicadores sobre la evolución del deterioro psíquico del niño, establecer cronológicamente los hechos y verificar la existencia de señales de alerta relacionadas con el acoso escolar.
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Los resultados obtenidos fueron contrastados con los informes institucionales, la documentación del Ministerio de Educación y Ciencias y los demás elementos de convicción reunidos por el Ministerio Público. El estudio constituyó un elemento de especial importancia para analizar el nexo entre las omisiones investigadas y las consecuencias sufridas por la víctima.
La investigación sostiene que dichas omisiones permitieron que el estudiante continuara expuesto a situaciones de hostigamiento escolar sin que se activaran oportunamente los mecanismos de protección establecidos por la normativa vigente. Como consecuencia, se produjo un progresivo deterioro de su salud psíquica, caracterizado por aislamiento, tristeza persistente, frustración, síntomas depresivos, disminución del rendimiento académico, debilitamiento de la red de apoyo y aumento del riesgo suicida.
Asimismo, los antecedentes incorporados al proceso, entre ellos la autopsia psicológica, los informes del MEC y la documentación institucional analizada, señalan que no se realizaron oportunamente entrevistas para determinar las causas del cambio de conducta del alumno, ni se investigaron sus ausencias reiteradas o su solicitud de cambio de sección.
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Además, no se encontraron registros de la activación integral del protocolo ni de las comunicaciones obligatorias previstas en la Resolución N° 8353/12, verificándose que dicho procedimiento habría sido activado recién después del fallecimiento del niño.
Tras reunir los elementos de convicción durante la investigación, el Ministerio Público sostiene que existen fundamentos suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que la conducta atribuida a la acusada reúne los presupuestos de tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad. Por ese motivo, la fiscal Vivian Coronel solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.