De acuerdo con la directora del medio, Natalia Zuccolillo, el periódico y el grupo empresarial al que pertenece estarían siendo objeto de una estrategia de hostigamiento que incluiría campañas de estigmatización y la instrumentalización del Ministerio Público para impulsar procesos penales sin sustento, que tiene como objetivo generar un “efecto inhibitorio” orientado a limitar el ejercicio del periodismo independiente.
El medio, en una carta enviada a la SIP, señala que estas acciones habrían surgido tras la publicación de investigaciones periodísticas relacionadas con el caso de corrupción conocido como FIFAGate y la difusión de auditorías que involucrarían a altos dirigentes del fútbol regional. Dichas coberturas habrían desencadenado represalias dirigidas inicialmente contra el entorno empresarial del periódico, particularmente a través de un proceso judicial contra el Banco Atlas.
También expone presuntas irregularidades en la actuación fiscal, incluyendo alegaciones de injerencia externa en la conducción de la investigación, inducción de testimonios y utilización de argumentos proporcionados por la parte denunciante en documentos oficiales. Asimismo, se advierte sobre intentos de internacionalizar el caso sin respaldo probatorio suficiente, lo que habría afectado la reputación de las entidades involucradas.
ABC Color sostiene que, pese a la existencia de elementos que cuestionarían la base de la acusación —incluyendo información que indicaría la inexistencia de daño patrimonial—, el proceso penal avanzó hasta la formulación de una acusación formal, lo que, a su juicio, confirma la naturaleza política y retaliatoria de la acción judicial.
Utilización de la justicia como mecanismo de presión
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó que, “de comprobarse estos hechos, se trataría de un grave caso de utilización de la justicia como mecanismo de presión contra un medio de comunicación, lo cual constituye una amenaza directa a la libertad de prensa y a los principios democráticos”.
Manigault, titular del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, agregó que “la instrumentalización de instituciones del Estado para intimidar o silenciar voces críticas resulta incompatible con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, dijo que “la denuncia presentada refleja indicios preocupantes de un posible uso indebido del sistema judicial para afectar a un medio independiente”. Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), afirmó que, “este tipo de prácticas, de confirmarse, no solo impactan a una empresa periodística, sino que generan un efecto amedrentador sobre todo el ecosistema informativo”.
Los directivos de la SIP instaron a las autoridades paraguayas a garantizar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, así como el debido proceso y el respeto irrestricto a la libertad de prensa. Asimismo, Manigault y Ramos, hicieron un llamado a que cualquier investigación se conduzca con apego a la legalidad, la transparencia y los estándares internacionales.