Además de delatar una criminal ignorancia sobre herramientas financieras, criminalizándolas y dinamitando la seguridad jurídica del país, el mamotreto que los fiscales Francisco Manuel Cabrera Sanabria, María Verónica Valdez y Jorge Arce Rolandi osan llamar “acusación” –bajo la batuta del nefasto profesor doctor Emiliano Rolón Fernández– presenta contradicciones que no resisten un análisis básico. Queda confirmado: el proceso contra Banco Atlas no es un trámite judicial, es una venganza abierta contra ABC.
Nuestro diario ya desnudó la operación mostrando correos electrónicos de Claudio Lovera (abogado de Domínguez) para Liliana Alcaraz (exfiscala, hoy titular de la Seprelad), documentos y metadatos (huellas digitales) donde se revelaban que no estamos ante un caso legal, sino ante una cacería contra quienes evidenciaron los escándalos del FIFAgate. En ese esquema, el rol de Alejandro Domínguez nunca debió pasar desapercibido, considerando su aparición en la auditoría forense a la Conmebol y los actuales negocios cuestionados de su hijo, Alejandro Domínguez Pérez, con el combustible de la empresa estatal Petropar, como el fallido “contrato catarí”.
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El remedo de escrito fiscal delata el dolo porque fabrican un delito fantasma: lesión de confianza, para forzar la existencia de otro que jamás existió: lavado de dinero.
Complicidad para ocultar
En su afán persecutorio, los fiscales se hunden en sus propios párrafos. Según su tesis, Nicolás Leoz ocasionó un perjuicio de US$ 44,9 millones a la Conmebol mediante extracciones y depósito, todo en el Banco do Brasil. Esta es la base de su acusación por lavado.
Banco Atlas ni por asomo está en esa estructura y está demostrado documentalmente. Sin embargo, omiten un detalle “incómodo“: Leoz murió en agosto de 2019 siendo inocente ante la ley paraguaya y de otros países, ya que ni la Fiscalía ni la Conmebol de Domínguez se atrevieron a molestarlo en vida.
El punto clave se da un año después de la muerte del dirigente. El 3 de abril y 31 de agosto de 2020, Alejandro Domínguez negoció con los herederos de Leoz una “reparación integral”. Lo que la Fiscalía y la Conmebol ocultaron criminalmente es que ese acuerdo extingue cualquier acción penal.
Botín que Fiscalía “olvidó”
La razón del ocultamiento es simple porque con el acuerdo en la mano, la acusación se desintegra. El documento se titula: “Acuerdo de reparación integral y resarcimiento, transacción, renuncias y finiquito de procesos”.
En él, la Confederación –bajo firma de Domínguez– renunció de forma irrevocable a cualquier acción civil, penal o administrativa contra la sucesión de Leoz. El “precio” del silencio y la paz fue un desembolso de US$ 51.202.776; es decir, los herederos pagaron a la Conmebol US$ 6,2 millones más de lo que los fiscales hoy describieron como “daño” (US$ 44,9 millones).
La situación se agrava más porque Alejandro Domínguez ocultó por seis años el documento. Y la fiscalía que accedió 48 horas antes de presentar su mamotreto simplemente decidió ignorarlo.
El Art. 192 de la Ley 3440/08 que aplica al tipo legal que regía cuando Leoz supuestamente incurrió en el supuesto perjuicio patrimonial es muy contundente en las definiciones. El delito de lesión de confianza es un hecho punible contra el patrimonio que está dentro del título de hechos punibles contra los bienes de las personas.
El Código Procesal Penal, en el Art. 25, numeral 10, establece de manera taxativa que los delitos patrimoniales son extinguidos como consecuencia de la reparación del daño si hay consentimiento de la víctima o del Ministerio Público.
En resumen, la Conmebol ocultó por seis años el millonario botín recibido en reparación integral y la Fiscalía calló la ley. Estos “gatilleros” del Ministerio Público no buscaban justicia; buscaban un garrote para golpear al periodismo que no se arrodilla.
¿Un FIFAgate 2.0?
El 27 de mayo de 2015 estalló el FIFAgate, el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol, que descabezó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La acusación de la fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, basada en décadas de investigación del FBI, destapó una red de asociación criminal, lavado de dinero y estafas. Hoy la Conmebol de Alejandro Domínguez vuelve en el ojo de la tormenta tras revelarse los términos de cuatro acuerdos ocultos durante seis años con la familia Leoz.
Bajo la figura de “reparación integral”, la Conmebol recibió US$ 51,2 millones –US$ 6,2 millones por encima del presunto daño (US$ 44,9 millones)–. Sin embargo, lo escandaloso radica en las cláusulas firmadas por Domínguez el 3 de abril y 31 de agosto de 2020: el desistimiento de denuncias penales que ya estaban en manos del Ministerio Público.
Domínguez actuó como juez y parte. Los acuerdos frenaron una primera denuncia de la Conmebol basada en una auditoría forense donde su propio nombre figuraba en un listado de pagos no justificados por US$ 374.000.
Domínguez llegó a la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) de la mano de Juan Ángel Napout, condenado y encarcelado en EE.UU. por el FIFAgate. Sin trayectoria como presidente de clubes –solo recordado por gestionar la peor campaña histórica de la Selección Paraguaya hacia Brasil 2014–, su ascenso estuvo marcado por la opacidad y el castigo sistemático a sus críticos.
¿Cinísmo o engaño?
Domínguez y su abogado Claudio Lovera sellaron el pacto con la viuda de Leoz, María Clemencia Pérez (asistida por los abogados Ricardo Preda y Pablo Livieres). Lo cínico es que la Fiscalía paraguaya ahora persigue a la misma viuda y apunta al Banco Atlas –entidad que ni siquiera figuraba en la auditoría forense– basándose en una denuncia de la Conmebol de 2021. Esta maniobra se presentó apenas seis meses después de haber firmado renuncias irrevocables a cualquier acción legal y declarar que recibió reparación integral.
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Un círculo de evidente engaño a la familia Leoz respecto a lo que estas repararon y aún así están acusadas, y de impunidad y persecución que huele, definitivamente, a FIFAgate 2.0.
Una criminal aberración
El abogado del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, apenas se conoció el escrito de la Fiscalía, ya desmontó precisamente punto por punto, calificando al documento como un adefesio. Justamente uno de los argumentos más demoledores de la defensa reside en la extinción de la acción penal, un hecho que la Fiscalía omitió con alevosía. El lavado de dinero es un delito derivado que requiere, necesariamente, un hecho precedente (en ese caso habla de la lesión de confianza). Sin embargo, existen acuerdos donde la propia Conmebol admite haber sido reparada integralmente al recibir US$ 51,2 millones por parte de los herederos de Nicolás Leoz. “Si la víctima dice que no tiene daño patrimonial y desiste de toda acción, el delito precedente se extingue. Sin base, no puede haber lavado”, sentenció Yódice, dejando a la tesis fiscal sin sustento jurídico.
El abogado también fue tajante al señalar que la Fiscalía demuestra un “desconocimiento absoluto” de la ciencia jurídica. Aclaró que los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) se transfirieron a un patrimonio autónomo, una figura legal que los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce al parecer siquiera saben su significado, atendiendo que afirmaron “fue transferida la propiedad de los patrimonios autónomos al Fiduciario”. Una falsedad que está demostrada en los mismos contratos de fideicomiso firmados por el difunto Nicolás Leoz.