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“Podría existir una estructura económica que se podría utilizar para financiar y sostener las fugas de represores condenados por delitos de lesa humanidad”, dijo Rossi a Radio Vorterix, luego de que la semana pasada dos exmilitares sentenciados huyeron de un hospital castrense de Buenos Aires.
Rossi se refirió al congelamiento de los fondos de un fideicomiso que contaba con 9,5 millones de pesos (1,7 millones de dólares) vinculado al exmilitar Jorge Olivera, quien se fugó del hospital Militar de Buenos Aires junto a Gustavo De Marchi, tras ser condenado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
“Las fugas no se hacen sin apoyo logístico”, aseguró el ministro, quien precisó que en la actualidad son 62 los condenados prófugos de la justicia por delitos cometidos en el régimen castrense.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofreció una recompensa de 2 millones de pesos (364.000 dólares) por información por cada uno de los dos prófugos.
Olivera fue condenado a reclusión perpetua por la desaparición de la francesa Marie-Anne Erize y otros 59 opositores durante el régimen militar, mientras que De Marchi recibió una pena de 25 años en el mismo juicio en San Juan (1.300 km al oeste de Buenos Aires), también por delitos de lesa humanidad.
Ambos se fugaron el 25 de julio del hospital militar de Buenos Aires tras ser trasladados desde San Juan para ser atendidos en distintas especialidades.
El gobierno relevó a siete militares por la fuga de Olivera y De Marchi, incluido el director general del hospital castrense.
Desde 2007, un total de 427 personas, la mayoría militares, fueron condenadas por violaciones a los derechos humanos en el régimen castrense, según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, que depende de la fiscalía general.
Unos 30.000 opositores fueron desaparecidos en aquella etapa, de acuerdo a organismos humanitarios.