El presidente de la Asociación de Comerciantes de San Lorenzo, Julio Benítez, señaló que las pequeñas y medianas empresas mueven el 70% de la economía y, por lo tanto, puntualizaron tres principales reclamos.

Mencionó primeramente que hay cheques diferidos que en su momento han expedido antes de la cuarentena por el COVID-19, pero enseguida llegó la fecha en que esos documentos se debían de cubrir y los bancos están cobrando entre G. 400.000 a 550.000 por cada cheque rechazado, más un interés de 2%. Piden que los bancos no cobren por cheques diferidos hasta que puedan estar en una situación mejor y puedan ponerse al día con sus compromisos.

Otro punto planteado es que no pueden pagar los alquileres, ya que, a pesar de que el gobierno haya dispuesto que el 40% deben pagar ahora y el 60% dentro de tres meses, afirman que tampoco van a poder honrar en ese lapso. Entonces, solicitan una exoneración del 50% para poder soportar y no despedir empleados.

Otro punto muy importante que indicaron es la carencia de créditos blandos para la pequeñas y medianas empresas. “Escuché que se presentaron 30.000 carpetas de solicitud de crédito, solamente se concedieron hasta ahora 110, y la exigencia no cambió absolutamente nada. Queremos que flexibilicen los requisitos, que sean los mínimos y que puedan conseguir créditos blandos con dos años de gracia y después empezamos a pagar con bajo interés”, indicaron.

Benítez dijo que el crédito es para poder cubrir los gastos que tiene ahora, como salarios, alquileres, deudas que contrajeron con los bancos y que no pueden pagar, y para honrar las deudas con los proveedores, de los cuales necesitan para que la cadena siga adelante.

Remarcaron que muchos de los asociados están cerrando, dejando sin trabajo a personas que son sostén del hogar y además van rumbo a la quiebra, porque no existe ayuda real del gobierno. Estiman que en San Lorenzo hay entre 2.000 a 2.500 afectados.