La transgresión del Anexo C, que beneficio Eletrobras, contó con la complacencia de directores y consejeros paraguayos

Entre 1985 y 1997, excepto 1991, Itaipú aplicó una tarifa inferior al costo del servicio de electricidad a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas, con la complacencia de los representantes paraguayos, en clara violación al Art. IV.1 del Anexo C del Tratado, razón por la cual dejó de percibir US$ 1.757.128.833, generando una deuda ilegal de US$ 4.193.000.000. De esta manera, a medida que aumentaba el importe no facturado por Itaipú, se incrementaba la deuda con Eletrobras durante el periodo citado en US$ 11.765.363.000.

Facsimil del informe final sobre la deuda de Itaipú, de la Contraloría General de la República.
Facsimil del informe final sobre la deuda de Itaipú, de la Contraloría General de la República.Captura de partalla

En la conclusión del Informe Final sobre la deuda de Itaipú, resultante de la verificación de los informes y documentos oficiales a los que tuvo acceso la Contraloría General de la República (CGR), proveídos por la entidad auditada, “la aplicación de tarifas por debajo del costo de servicio de electricidad durante los años 1985 a 1997, ocasionó que Itaipú dejara de percibir de la ANDE por la potencia facturada de 32.760.106 Kw, equivalente al 3% del total de la potencia facturada, el importe total de US$ 43.975.113. Asimismo, el monto que Furnas y Eletrosul dejaron de pagar a Itaipú ascendió a US$ 1.713.153.719, por 1.191.841.065 Kw de potencia facturada, equivalente al 97% del total de la potencia facturada por la binacional”, se lee en el informe.

“La diferencia de facturación evidenció que la medida adoptada por la Entidad Binacional, en contravención a su propio Tratado y en perjuicio de sus propios intereses, benefició generosamente a las entidades brasileñas, considerando la amplia diferencia de potencia por ellas adquiridas, en relación a la potencia adquirida por la ANDE”, indica el documento.

Asimismo refiere que a medida que las empresas subsidiarias de Eletrobras dejaban de pagar a Itaipú el importe de US$ 1.713.153.719, durante los años 1985 a 1997, el monto de la deuda con Eletrobras, que fungía de compradora de energía eléctrica del lado brasileño, y a su vez se constituía en el mayor financista de Itaipú, aumentaba en US$ 11.765.363.000, durante el mismo período de tiempo. “Situación más que ventajosa para la Entidad brasileña que, por un lado, se encontraba imposibilitada a pagar la tarifa establecida de acuerdo al Tratado de 17,10 US$/Kw y, por el otro, actuaba de prestamista y aumentaba sus ganancias con los intereses cobrados por las sucesivas refinanciaciones de las deudas impagas”, explica.

Además, lo llamativo aquí no es sólo que la entidad brasileña busque sus propios beneficios a costa de la entidad binacional, sino que los representantes paraguayos, con la aprobación de las medidas adoptadas, también contribuyeron con esos beneficios, en perjuicio del Estado Paraguayo al cual representaban, resalta la Contraloría General de la República.

Incremento de tarifa

Durante los años 1998 al 2020, la entidad binacional incrementó su tarifa por encima de la establecida de acuerdo al Estudio Tarifario del año 1996, es decir, superior a 17,10 US$/Kw a fin de mitigar el aumento de la deuda con Eletrobras, generada por la aplicación ilegal de la tarifa durante los años 1985 a 1997, produciendo el aumento de su facturación en US$ 12.163.653.187. “Es decir, para Itaipú no constituyó un perjuicio económico aumentar su tarifa, sin embargo, el daño económico fue causado por la misma entidad, en su detrimento, al aplicar una tarifa por debajo del costo del servicio de electricidad durante los años 1985 a 1997, en beneficio de Eletrobras, generando con esta institución deudas impagas y sobrecarga de intereses, que repercuten hasta la actualidad en las finanzas del ente binacional”, destaca el informe final.

En consecuencia, esta situación repercutió en las Altas Partes Contratantes, dueñas en partes iguales de la entidad binacional, “aunque es notablemente mayor el perjuicio para el Estado paraguayo y, seguirá repercutiendo hasta su cancelación definitiva, según se prevé, en el 2023, año en que el Anexo C será sujeto a revisión, como establece el Tratado”, destaca el ente contralor.