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El comunicado manifiesta que las observaciones registradas en el informe final de la CGR, que consta de unas cien páginas, son revisadas y estudiadas en profundidad por los equipos técnicos de la entidad.
“Los aspectos observados en el informe sobre las tarifas aplicadas en determinados ejercicios tomados en cuenta para esta actividad de control por parte de la CGR imponen la obligación de hacer una revisión exhaustiva y en el tiempo acorde para este propósito”, señala el escrito.
En tanto que menciona que “a partir de la década del 90, los sucesivos gobiernos fueron amortizando la deuda de Itaipú cimentada en instrumentos que componen el orden jurídico de la entidad y se basa en normativas que rigen su funcionamiento”.
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Resaltan que la actual administración (encabezada por el director general paraguayo Manuel María Cáceres) viene cumpliendo las normas y procedimientos establecidos en el tratado, sus anexos y demás documentos que hacen a su gobernanza.
Tratamos de contactar con Cáceres y con el director financiero de Itaipú, Fabián Domínguez, para obtener sus respectivas opiniones respecto al informe de la Contraloría, pero sin ningún éxito.