La audiencia estaba prevista para hoy, pero el juez penal de garantías Julián López resolvió posponer la diligencia, tras constatar que no se presentó el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), pese a que se hizo la notificación correspondiente. Por esta razón, la nueva convocatoria quedó para el 26 de agosto.
Además de Patricia Samudio, también están acusados en el mismo caso el esposo de la expresidenta de Petropar, José Costa Perdomo, y los funcionarios de la empresa estatal Félix Marcelo Chávez, Roberto Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga.
En su acusación, los fiscales Francisco Cabrera, Liliana Alcaraz y Silvio Corbeta sostienen que esas seis personas acusadas “se aprovecharon de una situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 para convocar una licitación para adquirir supuestamente insumos sanitarios y desviar fondos de la institución pública”.
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Según la fiscalía, bajo la administración de Samudio, Petropar adquirió por la vía de la excepción, de la firma proveedora “Solumedic SA”, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por la suma total de G. 359.700.000.
Los agentes fiscales realizaron el seguimiento del dinero que Petropar desembolsó por los insumos y se descubrió que la suma acreditada el 1 de abril de 2020 a la cuenta del Banco Itaú de Solumedic fue transferida íntegramente el 2 de abril del mismo año a la cuenta de “Racole SA”, habilitada en Banco Interfisa.
Al respecto, Racole SA informó a los investigadores que el dinero recibido por transferencia bancaria en realidad corresponde al pago parcial por un préstamo de dinero por la suma de G. 350.000.000 que se otorgó a José Costa Perdomo el 20 de marzo del 2020 y adjuntó copia del pagaré.
El perjuicio ocasionado a Petropar asciende a G. 346.600.000, que es la diferencia entre lo que la empresa estatal pagó y lo que finalmente recibió por parte de Solumedic SA, según la Fiscalía.
Según habían declarado Víctor Cabañas y Liz Chamorro, ambos representantes de la empresa adjudicada, Solumedic SA, nunca entregaron a Petropar ni tuvieron en su stock las mercaderías y los insumos por los que recibieron el pago de G. 359.700.000.
Según la acusación fiscal, lo único que Petropar recibió por parte de esa empresa proveedora fueron las 400 unidades de mamelucos descartables de PVC.