Capiatá y San Lorenzo también rechazan injerencia de Conajzar en “regulación” de tragamonedas

Ayer surgía la noticia de que la Municipalidad de Asunción presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de Conajzar, por la cual esta autorizó el trabajo de la empresa privada iCrop para “regularizar” la situación de tragamonedas en locales comerciales. Pero no es la única que rechaza la injerencia de dicha institución. Capiatá y San Lorenzo también se oponen, alegando autonomía municipal.

Las máquinas funcionan sin ninguna restricción ni control.
Las máquinas funcionan sin ninguna restricción ni control.Antonia Delvalle

CAPIATÁ. Los tragamonedas siguen funcionando prácticamente de manera descontrolada en Asunción y Área Metropolitana. Esta realidad se observa tanto en Capiatá como en San Lorenzo, donde las veredas fueron tomadas por estas máquinas e incluso, antes de la pandemia del covi-19 era común ver a estudiantes menores de edad “probar suerte” en los aparatos.

La empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña y contratada sin licitación por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), en teoría tiene el “rol” de censar, catastrar y cobrar canon, para “regularizar” la situación de las máquinas tragamonedas. A través de sus “agencias” en numerosas localidades del país, subcontratadas para dicha función, llega a los locales comerciales que tienen estos aparatos y que no son salones exclusivos de juegos de azar.

En Capiatá y San Lorenzo es la misma “agencia” de iCrop la que al parecer pretende “fiscalizar” los comercios, según los datos recogidos en los locales. Se trata de la firma llamada “Lydia Ludic”.

iCrop y la empresa subcontratada encontraron resistencia en las municipalidades de ambas ciudades, donde las respectivas juntas municipales se opusieron a que cobre un guaraní por fiscalizar cada máquina y darle su visto bueno para operar.

Es que el monto fijado por Conajzar para el canon que debe ingresar al Estado es de un jornal mínimo por máquina al mes, es decir, hoy estamos hablando de G. 88.000, pero las citadas firmas privadas, bajo parámetros que hasta hoy no se explican claramente, les cobra mensualmente a los locales comerciales entre G. 300.000 y G. 450.000 por aparato. De ahí se sabe que el Estado apenas recibe el 30% y el 70% queda en manos de estas misteriosas empresas, cuya experiencia se pone en cuestionamiento.

El ex intendente de Capiatá que busca su reelección, Luis Fernando González, el pasado 16 de marzo, había emitido una resolución por la cual rechazó toda autorización a la empresa Lydia Ludic, para la “fiscalización” y “control” de las máquinas que operan dentro del municipio. Argumentó que prima la autonomía política, económica y administrativa y que la comuna se ampara en la Constitución Nacional.

Hasta el momento la empresa sólo “amagó” que va a realizar controles, pero los comerciantes están informados de que solamente la municipalidad les puede controlar y es en la comuna donde deben tributar.

En Capiatá se cuenta con alrededor de 800 tragamonedas de manera oficial, pero se cree que habría 1.000 a 1.100, y casi la mitad de los mismos pertenecería a Lydia Ludic, informó el jefe comunal. Es decir, la firma subcontratada por iCrop sería juez y parte.

Similar situación se tiene en San Lorenzo. Cecilio Peña, encargado de juegos de Azar, pero que puso su cargo a disposición del nuevo intendente electo Nery Quiñónez (ANR), informó a ABC que la empresa Lydia Ludic quiere fiscalizar pero que eso sería incorrecto porque maneja parte importante del negocio.

Este rechazo de varias comunas al trabajo de iCrop y sus “agencias” y a la injerencia de Conajzar en un rubro que corresponde a las municipalidades es uno de los puntos cuestionados al presidente de dicha institución, José Ortiz, quien fue interpelado esta semana en Cámara de Senadores.

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