Explotadores de tragamonedas exigen el cese del contrato con la empresa “reguladora”

Un grupo de explotadores de tragamonedas protestó hoy frente a la sede de Conajzar, pidiendo el cese del contrato con la empresa “reguladora” de las máquinas, iCrop SA, y la renuncia del presidente de la institución, José Ortíz. Esta mañana se prevé la interpelación a Ortíz por este y otros cuestionamientos.

Un grupo de explotadores de tragamonedas se manifestó frente a Conajzar, esta mañana. Exigen el cese del contrato con iCrop SA, cuyo representante es Ariel Peña Flores.
Un grupo de explotadores de tragamonedas se manifestó frente a Conajzar, esta mañana. Exigen el cese del contrato con iCrop SA, cuyo representante es Ariel Peña Flores.Gentileza

Esta mañana, un grupo de explotadores de tragamonedas se manifestó frente a la sede de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), reclamando el cese del contrato con la empresa iCrop SA, cuyo gerente general es Ariel Peña Flores. Cuestionaron que se mantenga vigente el acuerdo, pese a la serie de irregularidades denunciadas y que dicho contrato le conviertió a la firma de referencia en juez y parte de la “regularización” de as máquinas.

Además, dijeron que Conajzar no estableció un parámetro que fije el monto de las gestiones de la firma, y por eso, actualmente iCrop y sus agencias están cobrando a los explotadores de las tragamonedas entre G. 300.000 y G. 450.000 por máquina al mes, y de ese monto solo lo correspondiente a un jornal mínimo (G. 88.051) es el canon que va al Estado. Tampoco se describe la metodología por la cual estiman “regularizar” 50.000 máquinas, aunque de concretarse esa cantidad de aparatos catastrados, se tendría una recaudación de US$ 2,1 millones y de ese monto, el 70% ira para iCrop SA (US$ 1,5 millones) y el resto, 30% al Estado.

Juan Silvero, representante de los manifestantes, afirmó que exigen la renuncia del presidente frente a estas irregularidades descubiertas. Lorena Rojas, representante de la Asociación de Juegos de Azar, afirmó que el contrato es nulo al detectarse que la Conajzar cede sus atribuciones.

Javier Balbuena, asesor del sector y expresidente de Conajzar, mencionó a su vez que no se observan dictámenes jurídicos, técnicos ni financieros que avalen el “legalización” de las máquinas. “Lo que se puede leer del contrato, que hasta hace poco era secreto, es que se firmaron documentos públicos en perjuicio de los derechos del Estado”, dijo. El especialista destacó que en el documento no hay una cláusula que prevea una causal de rescisión de contrato por causa imputable a iCrop, lo cual calificó de muy grave, ya que “con eso aprobaron que sólo la empresa pueda rescindir cuando quiera y probablemente es una causa para producir la nulidad del contrato”, opinó.

Por otra parte, esta mañana se desarrolla en el Senado la interpelación al presidente de Conajzar, José Antonio Ortíz Báez, para que brinde explicaciones referente a la “legalización” de tragamonedas. Otro de los puntos que la Cámara Alta prevé preguntarle es el relacionado a la adjudicación a la quiniela.

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