Titular de la Diben, de sicóloga a potentada ganadera en sólo tres años

Carmen Corina Alonso, actual directora de la Diben, se desempeñaba como sicóloga de consultorio en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPS), conforme se aprecia en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyos registros datan de 2015.

En cuanto a sus bienes patrimoniales, tenía un patrimonio neto de G. 180 millones en 2016 y al 2020, aumentó a G. 10.212 millones, es decir, se incrementó en 462%, conforme a las declaraciones juradas disponibles en el portal de Contraloría. El aumento de sus bienes coincide con su acceso al cargo de confianza, que es designado por el presidente Mario Abdo Benítez, ya que el nombramiento se realiza vía decreto.

La primera declaración jurada de Alonso data de 2016. Detalla que sus ingresos eran de casi G. 16 millones, tenía una camioneta Kia Sportage 2012, cuyo valor reportado era de G. 230 millones, y dos créditos cuyo saldos eran de G. 50 millones. De esta manera, su patrimonio neto era de G. 180 millones.

Mismo reporte presentó en 2017 y en 2018. En este último año, la única variación encontrada fue el monto de sus ingresos, ya que aumentó su salario a G. 25 millones, pues ascendió a directora de la Diben. No se detectó una actualización en 2019.

Sin embargo, en su declaración jurada del año 2020, se constata la existencia de varios inmuebles e incluso aparece que se dedica a la actividad agropecuaria; además, que cuenta con diversos electrodomésticos y joyas.

En el detalle, aparece un terreno ubicado en la zona “Guasu Cua”, distrito Escobar, del departamento de Paraguari, valuado en G. 370 millones, y otro en Asunción, de G. 350 millones, ambos notificados como herencia, según consta en el documento. Aparece otro inmueble que se adquirió en Yaguarón, de G. 220 millones, el año pasado.

En cuanto a la actividad ganadera, reporta 40 vacunos de la raza Nelore, a G. 2.800.000 cada uno (cuyo valor actualmente es mucho más alto según datos del sector), y el valor total asciende a G. 112 millones, según el documento.

En cuanto a sus deudas, aparecen una de G. 100 millones con el Banco Nacional de Fomento (BNF) y otra de G. 223 millones, con el IPS. En el resumen se menciona que el total de activos es de G. 1.194 millones, pasivos G. 182 millones, y así, el patrimonio neto es de G. 1.012 millones.

Contradicciones

El pasado viernes, ABC preguntó a Alonso sobre el incremento de sus bienes patrimoniales, que se da en coincidencia con su designación al cargo que brinda asistencia sanitaria y toma cuestionadas decisiones vinculadas a juegos de azar. Respondió que se trata de “terrenos de herencias” y que ni siquiera están aún a su nombre. Ayer se la volvió a contactar para conocer sobre su incursión en el campo y la ganadería y preguntar sobre los inmuebles que ya están a su nombre (no en proceso de titulación), a lo que respondió que enviaría su respuesta por escrito “apenas tenga un espacio”. Pero no se recibió hasta el cierre de la edición.

José Ortiz Báez, de Conajzar, con bienes de US$ 1 millón

La declaración jurada del presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz Báez, dice que su patrimonio está valuado en G. 6,736 millones, casi US$ 1 millón. El documento, disponible en el portal de Contraloría, se presentó en 2019.

En 2006, Ortiz se desempeñaba como administrador en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), institución a la que ingresó en 1988, por Resolución N° 1.206 del Ministerio de Hacienda, según consta en el documento. Agrega que contaba con dos cuentas bancarias, una casa en Luque y dos terrenos en Ñemby, una camioneta Toyota del año 1997, 60 cabezas de vacunos y ninguna deuda. El resumen de su patrimonio era de G. 488 millones.

Luego el siguiente reporte es de 2018, cuando asume la presidencia de Conajzar y es de idéntico detalle en 2019. Ortiz notifica ocho cuentas bancarias, en las cuales dispone de G. 1.350 millones; seis inmuebles, cuatro ubicados en Quyquuyho, Luque e Ypacarai, cuyos valores rondan los G. 5.845 millones; nueve vehículos, entre automóviles, camionetas y tractores e implementos agrícolas, valuados en G. 1.533 millones, además de 388 vacunos de la raza Brahman y Brangus, cuyos importes no se precisan.

En otros activos, con G. 1.929 millones, aparece como accionista de las empresas Sahara SA, Tuk 7N S, JFJ Soluciones Integrales, R24 SA, Cerro Madera SA y Suelo Caminos SA. Esta última es la única que aparece como proveedora del Estado y tuvo dos contratos directos con la Municipalidad de Asunción, en 2014 y 2015, de G. 120 millones cada uno, durante la administración del exintendente Arnaldo Samaniego González, por el servicio de alquiler de camiones para uso institucional y recolección de basura.

Estos dos contratos fueron adjudicados de forma directa por la Comuna, sin concurso. Consultado sobre su vinculación con los Samaniego, respondió que les conoce como se le puede conocer a cualquier persona, pero no tiene trato directo o de confianza con ellos, aseguró. Aunque la senadora Lilian Samaniego es la única legisladora que votó en contra del voto censura a Ortiz, días atrás.

El Congreso había sometido a una interpelación a Ortiz ante irregularidades en su gestión al frente de Conajzar e incluso se planteó una denuncia ante el Ministerio Público, pero no designaron a un fiscal.

Discusión entre funcionarios de Hacienda

El presidente de Conajzar y representante de Hacienda, José Ortíz, responsabilizó a Tributación, dirigida por el viceministro Óscar Orué, de la adjudicación a la empresa TDP SA, del expresidente de Juan Carlos Wasmosy, a pesar de que era morosa de tributos del Estado, para la explotación de la quiniela (negocio de US$ 127 millones). Argumentó que se basó en el certificado tributario emitido por la SET. Al respecto, Orué explicó la propia Conajzar era la responsable de cobrar las tasas a dicha empresa, ya que no se trata de impuestos que cobra la SET. Advirtió que deje de repartir culpas. Empresarios del rubro coincidieron en destacar como llamativo que pese a la gravedad de la acusación, Ortiz se mantenga en su cargo. Lamentaron la impunidad reinante.